Juez se declaró incompetente para exploración petrolera; ONG e Inddhh presentan amparos

Un juzgado letrado de Montevideo se declaró incompetente para resolver una medida cautelar que buscaba frenar actividades de exploración petrolera en aguas uruguayas, decisión que derivó en un nuevo capítulo de disputas judiciales y políticas alrededor de los contratos suscritos por el Estado con empresas petroleras para la búsqueda y eventual explotación de hidrocarburos en el mar.

En una sentencia, de la que informó inicialmente El Observador y a la que accedió Montevideo Portal, el magistrado Federico Tobía sostuvo que su juzgado no tenía competencia para analizar la acción cautelar y que estos asuntos deben ser tramitados ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), al considerar que corresponde primero impugnar el acto administrativo que autorizó a Ancap a celebrar los contratos de exploración y prospección sísmica.

La decisión del juez “no ingresó al análisis del fondo” de los argumentos presentados por los colectivos que impulsan la acción, encabezados por la asociación Mar Libre de Petroleras Uruguay, que pretendían la suspensión de las actividades y la nulidad de los acuerdos por su potencial impacto ambiental.

En respuesta, este colectivo anunció que presentará recursos de apelación contra la resolución y analiza otras estrategias legales para buscar que el caso sea examinado por instancias superiores. “Un contrato no es un acto administrativo. El artículo 309 de la Constitución circunscribe la competencia del Tribunal de lo Contencioso administrativo a la anulación de actos administrativos, no de contratos”, increpó la agrupación a través de un comunicado a la opinión pública.

“Frente a esta decisión, interpondremos un recurso de apelación para que la cuestión sea revisada por el Tribunal de Apelaciones competente, y nos encontramos evaluando otras vías procesales idóneas que permitan asegurar una tutela judicial efectiva”, declara en la publicación.

En paralelo a esa vía judicial, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh) presentó un recurso de amparo ante un juzgado civil contra el Ministerio de Ambiente, el de Industria y varias empresas involucradas, solicitando la suspensión inmediata de las actividades de exploración petrolera.

La acción judicial promovida por la Inddhh “tiene por objeto el cese de un daño grave e inminente y la prevención de perjuicios susceptibles de prolongarse en el tiempo, frente a un riesgo ambiental ya advertido y reconocido por las partes intervinientes”, reza la sentencia, a la que accedió Montevideo Portal.

Así, el organismo solicitó que “se disponga el cese de toda actividad vinculada a la prospección sísmica y a la explotación de recursos asociada, impidiendo el avance de dichas actividades, por su manifiesta ilegitimidad y por la vulneración de derechos humanos fundamentales”.