La Justicia argentina busca tener acceso a la información de una cuenta bancaria en nuestro país en el marco del denominado caso Levy,  una causa sobre posibles sobornos.

En dicho expediente se investigan posibles hechos de corrupción detrás de ventas millonarias del empresario argentino Juan José Levy a Venezuela, algo que, según publica este lunes el portal argentino Infobae, podría ser apenas “un anzuelo”.

Em dicho marco, en el vecino país se investigan movimientos de fondos de una funcionaria chavista que salieron de Panamá para terminar en cuentas bancarias en Uruguay con conexiones en Estados Unidos.

El juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky envió un exhorto a nuestro país para intentar determinar si dichos fondos podrían estar relacionados a un presunto pago de sobornos por la firma de contratos con el empresario local Juan José Levy, que exportó productos por 500 millones de dólares a Venezuela durante el kirchnerismo.

La información involucra a Eddie Elizabeth Betancourt Romero, ex presidente de Suministros Venezolanos Industriales C.A. (Suvinca), que avaló la compra de productos como suavizante para ropa o shampoo, entre otros, por USD 120 millones, y cuyo proveedor era Levy. Desde Caracas, el contrato se firmó con el aval del entonces ministro del Poder Popular para el Comercio, Richard Canan.

Betancourt Romero recibió en 2014 tres transferencias desde Panamá a una de sus cuentas en el banco Bandes de Uruguay, según pudo reconstruir el citado medio a partir de fuentes judiciales. El monto total de los giros sería de 205.000 dólares.

La explicación oficial para justificar las transferencias fue una supuesta venta de inmueble de la exfuncionaria venezolana. Pero las autoridades argentinas consideraron en su reporte de inteligencia financiera que los giros son sospechosos porque el importe de la supuesta venta de la propiedad no coincidiría con el monto transferido por los compradores. Los envíos de dinero, además, no se habrían hecho desde las cuentas bancarias de los compradores, detallaron.

“Ya hay un exhorto enviado a Uruguay desde hace un año, pero todavía no se tiene respuesta. Se necesita más información para avanzar”, reclamaron desde tribunales. Unidad de Información Financiera (UIF), que es querellante en el expediente, recibió información sobre esos movimientos por cooperación internacional de inteligencia financiera y los reportó en 2020 ante la justicia. El juez Aguinsky pidió colaboración a nuestro país para certificar esta información, pero hasta el momento no recibió respuesta. El magistrado volvió a reclamar hace dos semanas ante Cancillería que insista en la respuesta de ese exhorto, informaron fuentes judiciales.

El exhorto remitido a Uruguay hace hincapié en datos relevantes sobre la identidad de las personas que enviaron esos fondos desde Panamá a la funcionaria chavista, información necesaria para determinar si efectivamente esta transferencia estuvo ligada al caso Levy o, simplemente, se trata de una operación en negro.

Más allá de esas tres transferencias que se hicieron desde Panamá, la UIF detectó otras cuentas bancarias en Uruguay y en Estados Unidos cuya beneficiaria final es la exfuncionaria venezolana Betancourt. Las autoridades registraron movimientos de fondos entre sus propias cuentas también en 2014. El más llamativo fue un giro que salió de su cuenta en Uruguay a otra en el Mercantil Commercebank de Estados Unidos, detallaron las fuentes.