Juan Fagúndez sobre “acumulación de poder” de Jorge Díaz: “No termina de irse de Fiscalía”

Desde un tiempo a esta parte, el abogado Juan Fagúndez pasó a ser un factor de consulta sobre el Derecho Penal. 

Al mismo tiempo, Fagúndez ha estado en varias causas de nivel público y los fiscales que le han hecho de contraparte coinciden en que sus alegatos —más allá de lo técnico— se caracterizan por la firmeza y hasta vehemencia para defender a sus clientes.

El defensor también es parte de la Asociación de Abogados Penalistas, que actualmente batalla en dos frentes: un proyecto que busca reformar el Código del Proceso Penal y la negativa a la creación del Ministerio de Justicia, impulsado por el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz. 

En entrevista con Montevideo Portal, Fagúndez detalló algunas claves del proyecto sobre el código y los principales argumentos en contra a la creación del ministerio. Además, consideró que le preocupa la acumulación de poder que tiene Díaz y sus implicancias en el sistema penal uruguayo. 

El martes fueron al Parlamento por el proyecto que presentaron del Código de Proceso Penal. ¿Cómo los recibieron?

Nosotros fuimos ocho personas, de las cuales tres nos dividimos un poco la presentación. Habló primero el presidente de la asociación, Enrique Moller; después habló el catedrático de Derecho Penal, Gonzalo Fernández, y finalmente hablé yo.

Cada uno se enfocó en su área: la introducción, la dificultad del código actual y el abandono del derecho penal. En lo que me tocó a mí, personalmente, fue sobre los cambios de la estructura. Nosotros ya teníamos un proyecto desde el año 2022, que presentamos cuando se nos solicitó analizar el cambio de la necesidad de la «semiplena prueba» para imponer prisión en las famosas formalizaciones con prisión preventiva.

Sabíamos que había una comisión, un grupo en el Poder Ejecutivo, y hace como un mes, creo, se hizo público el proyecto que habían elaborado. Nosotros vimos ahí algunos artículos que podían acompañar un poco nuestra idea, así que tomamos elementos de ese proyecto. Después, sobre los procedimientos en sí, no había ningún cambio y ahí es donde nosotros nos distinguimos claramente, porque cambiamos bastante. No es que haya que cambiar edificios; hay que reacomodar algunas cosas, pero sobre todo —te digo dos o tres puntos— la Fiscalía tiene que generar un expediente.

¿Por qué?

Por un tema de ocultamiento. Por un tema de ocultamiento, de cambios de criterios en el camino y demás; muchos colegas se han quejado —nos hemos quejado— de muchas sorpresas que no son gratas.

Nosotros creemos que el tiempo de configurar el expediente es mucho menor que el estar recibiendo gente, peticiones u horarios; pero, además, no es justo. Es necesario que uno acceda al expediente cuando deba acceder. Lo otro tiene que ver con que la formalización deje de ser un acto que pueda privar cualquier tipo de libertad del individuo, en el sentido de que las medidas que se le puedan imponer sean absolutamente vinculadas a temas como dejar la libreta de conducir (si es que no trabaja conduciendo), dejar el pasaporte (si no es que trabaja viajando) o fijar domicilio. Y luego sí, si el delito, la persona y las pruebas lo requieren —semiplena prueba o prueba para imponer medidas fuertes—, se llamará, como antes, procesamiento.

¿El estándar para imputar sigue siendo bajo pero sube para procesar?

No. Para procesar el estándar probatorio sube, y para imponer la medida, el estándar probatorio también sube, porque nosotros consideramos que la privación de libertad no puede derivar de que «supuestamente» pueda fugarse o «supuestamente» pueda perjudicar la prueba de la víctima y todo lo demás.

Nosotros no tenemos problema con el hecho en sí, pero la fuga tiene que tener alguna relación con hechos de la realidad. Igualmente, si la persona, por las circunstancias que sean, queda demostrado que puede destruir pruebas, presionar testigos o cosas por el estilo.

Eso hace que puedas esperar el juicio en libertad.

Entonces, vos decís que vas a poder cursar el juicio en libertad o trabajar; sin embargo, hoy por hoy te mandan preso. Ahora que ya estamos todos «maduritos» en este tema, acaba de salir hace un mes un artículo de un doctrinario del derecho penal chileno donde habla sobre el sentimiento de extorsión que se está percibiendo cada vez más en los procesos abreviados. Esto ocurre a través de la previa imposición de limitación de la libertad en todos los tipos, para que se llegue a un acuerdo abreviado: rápido y económico.

¿Tuvieron alguna repercusión luego de que expusieran los argumentos en contra del Ministerio de Justicia?

Bueno, hubo gente muy interesada en la prensa, se notó. Yo personalmente, por lo que viví en X (Twitter), vi mucha repercusión. En general, no directamente conmigo —aunque alguno puede hacer alguna pregunta—, pero vi discusiones, casi todas considerando la no necesidad de un Ministerio de Justicia.

¿El principal argumento cuál es?

Sobre todo para los que estamos en el tema, es la visión que tenemos de lo que pasa en el mundo con los Ministerios de Justicia, que repercuten desde el Ejecutivo en los funcionarios, jueces y ministros del Poder Judicial. Eso para nosotros es lo fundamental. En el «paquete» de los Ministerios de Justicia, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo del ministerio inglés porque hubo una referencia el año pasado; lo primero que hizo cuando se creó en Inglaterra fue apoderarse de la designación de los jueces.

¿Tiene reparos con que Jorge Díaz pueda llegar a ser el ministro?

A mí no me... no es mi problema directo si es Jorge Díaz o no. A mí me importa qué es lo que va a hacer ese ministerio y cómo va a influir. Ahora, en la persona de Jorge Díaz, lo que sí me parece preocupante es la acumulación de poder. Porque está vinculado al Ministerio del Interior, porque está vinculado al supuesto Ministerio de Justicia, porque está vinculado a la reforma de un CPP que no funciona o funciona mal (y fue él quien generó todo el asunto para reformarlo, aunque no lo reforma en las partes medulares) y porque ha trabajado en el Sistema de Inteligencia e Información del Estado, donde también está Mario Layera.

Además está también —no sé lo que tiene en su cabeza— vinculado, o ha vinculado en algunas entrevistas, a la Senaclaft y a otras reparticiones. Entonces se está generando, hasta lo último que escuché, una especie de FBI en Uruguay. Entonces, bueno, no es mi culpa.

¿Sigue teniendo influencia Díaz en el sistema penal?

Él ha estado al frente de la Fiscalía y no termina de irse de allí. Es un proyecto del Ejecutivo y en ese proyecto intervienen fiscales y jueces que, funcionalmente respecto de su actuación en el Poder Ejecutivo, no creo que sea lo mejor para legitimar esa participación. Son funcionarios en distintos lugares que terminan vinculados entre sí; o sea, es como un... no sé cómo se le dice en las películas cuando te dan un adelanto de lo que viene... es como un flash del Ministerio de Justicia.

Lo que yo puedo discernir de que la abogacía del Estado se junte dentro de un Ministerio de Justicia, o de lo que fuere, es más para el dominio de la política jurídica respecto de cuando un ciudadano quiera reclamar algo. Si lo querés «endulzar» diciendo que además vas a traer a los abogados de oficio porque se precisan, me parece un disparate.

La Defensoría de Oficio funciona medianamente bien, si se ven los números.

Sí, yo creo que la Defensoría de Oficio tendría que ser un organismo independiente. Por ejemplo, habría que cambiar las cosas, pero yo no sé si el Instituto de Derechos Humanos, que depende del Poder Legislativo, no tendría que llevarse a un lugar donde ese instituto tenga, en un sector, las defensorías de oficio.

¿No tiene sentido entonces meter a la defensoría en el Ministerio de Justicia?

Y bueno, tampoco tiene sentido que vos quieras justificar un Ministerio de Justicia llenándolo de abogados. No hay Ministerio de Justicia en el que la gente... lo que tiene que entender por justicia es el ejercicio del derecho ante los juzgados que emiten condenas. La justicia es una entelequia, un sentimiento, pero vos no podés poner Ministerio de Justicia, Casa de Justicia, Defensoría de Justicia o Abogado de Justicia.