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El exfiscal de Corte Jorge Díaz realizó un hilo en su cuenta de Twitter en el que dio su opinión sobre el aumento de homicidios en el mes de mayo, la actual situación de inseguridad que vive el país y la necesidad de implementar una política pública que implique la “planificación e implementación coordinada de cuatro acciones”.
Estas cuatro acciones son: prevención, conjuración de los hechos delictivos o violentos, la investigación y la persecución de los delitos en base a una “política criminal claramente definida”.
Con respecto al primer punto mencionado, Díaz explicó que se trata de un análisis del contexto nacional y regional, la “determinación de los riegos más importantes” y el desarrollo de medidas funcionales y estructurales, que permitan “evitar la concreción de acciones” y que “concreticen” esos riesgos.
Además, Díaz incluyó en la prevención a los servicios de patrullaje y vigilancia, pero agregó que es “mucho más amplio que eso”. “Por ejemplo, el entintado de billetes en los cajeros, la digitalización de los pagos, la utilización de chips en las tarjetas, la doble autenticación en los movimientos financieros por Internet, etcétera”, indicó.
“En esta tarea intervienen o deben intervenir un conjunto de instituciones públicas y privadas coordinadas por el Estado. Centrar la prevención exclusivamente en la policía es una mirada limitada y parcial de la realidad que restringe los resultados de esta acción”, añadió.
Sobre la represión, el exfiscal general de la Nación dijo que es en sí una acción que “debe ser realizada en forma casi exclusiva por las fuerzas de seguridad del Estado” y que sustituir a este armando a la sociedad termina proveyendo de armas a delincuentes y generando episodios indeseados.
Para Díaz la investigación de los delitos deber ser dirigida por la institución encargada de la persecución criminal y orientada por criterios de priorización, inspirados en la “gravedad e impacto” de los hechos criminales. De lo contrario, para Díaz, se termina persiguiendo “exclusivamente la flagrancia y la bagatela”, que alimenta los mercados ilegales de los bienes hurtados.
“Persiguiendo en forma exclusiva la flagrancia caen los delincuentes menos hábiles y los mercados ilícitos siguen intactos demandando productos y generando delitos”, aseguró.
Finalmente, sobre la persecución criminal, Díaz afirmó que “debe estar orientada por criterios claros de política criminal”, que estén, a su vez, aprobados por las autoridades competentes y establecida en instrucciones claras y concretas a los funcionarios encargados de llevar adelante esta tarea.
Por último, el experto señaló que es claro que puede haber tantas políticas criminales como funcionarios que participen en la tarea de investigar y perseguir, y añadió que Estado es “uno solo”, que debe ocurrir lo mismo con la política pública de seguridad y que no puede transformarse en un botín político. “La seguridad es un derecho humano fundamental y comprende la libertad para vivir sin miedo, sin miseria, sin necesidad y con dignidad”, concluyó.
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