Contenido creado por Julia Peraza
Las 40

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Jorge Chediak cantó Las 40: “se aclara el 6% de las rapiñas y en hurtos el porcentaje es aun menor”

“Elevar las penas es gratis. Aumentar la eficacia es muy caro”, dijo el presidente de la SCJ. Por Gerardo Tagliaferro.

02.05.2017 00:00

Lectura: 24'

2017-05-02T00:00:00-03:00
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Integra la Suprema Corte de Justicia desde setiembre de 2009 y está en su tercer período como presidente del organismo. Es decir, se mueve en la punta del iceberg desde hace bastante tiempo y pertenece al núcleo de los que cortan el bacalao en uno de los tres poderes del Estado. A los 65 años ni piensa en la jubilación y si pudiera hacer eso en lo que todos quienes doblamos el codo pensamos alguna vez -que es volver a nacer- repetiría al menos dos cosas: sería juez nuevamente y se casaría con la misma mujer.

Jorge Chediak habla casi siempre con una sonrisa en los labios, que uno no sabe si es de simpático, responde a algún tic o se trata de esa forma que muchos tienen de exorcizar los nervios. Sus respuestas son meditadas y aparecen en una lenta cadencia que por momentos parece irse del centro argumental pero que al final siempre termina volviendo.

Es fanático de los comics y se entusiasma cuando uno le abre esa puerta, y allí aparecen Superman, Thor, el Capitán América, el Hombre Araña, Hulk y Wolverine, ese "universo inabarcable" que también forma parte de su vida desde los ocho años. No se considera una persona "conservadora", aunque así se le caracterizó hace poco y los mal pensados pueden asociar esa supuesta condición a las declaraciones de inconstitucionalidad que, en cifra record, ha hecho la Corte que integra sobre leyes del gobierno progresista.

En una entrevista que se extendió bastante más de lo pautado y que soportó los embates de su secretaría que, como ocurriría en una cancha de fútbol, pedía "la hora juez", Chediak habló sobre los niveles delictivos, la rehabilitación de los presos, las cárceles, el aumento de algunas penas y sus consecuencias, el nuevo Código del Proceso y sus juicios orales y públicos, algunas de sus certezas y también de las preocupaciones que uno creía deberían ser pero no son.

Por Gerardo Tagliaferro
tagliaferro@montevideo.com.uy

1) Cada tanto se discute en Uruguay sobre el endurecimiento de las penas. ¿Para usted una pena más dura desestimula el delito?
Hay por supuesto tres o cuatro bibliotecas sobre esto. Creo que en algunas circunstancias sí desestimula, teniendo claro que no es solo el nivel de penas lo que interviene en el análisis de quién va, conscientemente, a cometer un delito. "¿Tengo posibilidades de ser detenido? ¿Qué me pasa si soy detenido?" Yo pienso que el nivel de penas es disuasorio y que la pena es pena, por eso tiene ese nombre. Es un castigo por haber atentado contra determinados valores. Luego coexiste la obligación constitucional de rehabilitar. Quienes pensamos que es importante el nivel de penas tenemos una limitación de la realidad que es la eficacia en la resolución de los casos. No llegamos a resolver el 10% de los delitos, pero también hemos señalado que en Sud América tampoco se llega al 10%. No es aquello del mal de muchos, se trata de que las sociedades democráticas tienen limitaciones en la persecución del delito. Con la salvedad del homicidio -si cometo un homicidio tengo una posibilidad en dos de ser aprehendido- hay una posibilidad menor al 10% de ser aprehendido.

2) ¿En el caso de las rapiñas es ese el porcentaje?
Tiende a ser el 6% y en el hurto es aun menor. Y estamos hablando de los delitos denunciados, no del total de delitos. Hay alguna estimación que habla de que un 40% de los delitos no se denuncian. Pero si hablamos de los denunciados, resolvemos menos de un 10%. Ese es un aspecto: la posibilidad de ser atrapado. La otra pregunta es: si me atrapan ¿qué me pasa? El nivel de penas en Uruguay es bastante adecuado a la naturaleza ontológica de los bienes jurídicos a proteger. El Código Penal no tiene una benignidad general. Algún fiscal, como el doctor Zubía, sostiene que la legislación ha ido estableciendo algunos mecanismos que operan como abatimiento de penas. El mecanismo de la "redención" por trabajo o estudio opera así: si usted, trabajando dos días reduce en un día su pena, la está abatiendo. En un caso reciente, alguien que cometió homicidio salió en libertad y se decía "pero no cumplió 30 años". Sí, los cumplió, lo que pasa es que ocho de esos años fueron redimidos por trabajo o estudio. Con lo buena que es, esa redención por trabajo o estudio funciona como una reducción de la pena.

3) Usted ha dicho que hay que revisar esto.
Exacto, yo diría la sintonía fina. La sintonía gruesa, el mecanismo, es excelente y deberíamos asegurar que fuera de acceso universal, porque hoy no todos pueden hacerlo porque no hay las plazas suficientes (para estudiar o trabajar). Ahora ¿es bueno que este mecanismo se aplique para todos los casos? Por ejemplo: algún narcotraficante de peso, que tiene una buena educación y posibilidades económicas, ¿nos interesa como sociedad abatir su pena? ¿O el mecanismo está pensado para aquel que tiene deficiencias en su educación, debilidades en su situación económica? La tasa de alfabetización en los establecimientos carcelarios es mucho más baja que en la sociedad en general. Hay personas privadas de libertad cuya rehabilitación por estudio consiste en aprender a leer o escribir. Allí por supuesto que hay un interés de aplicar los mecanismos de redención, pero en quien habiendo podido acceder a la educación o a un buen nivel de vida se dedicó al narcotráfico ¿le interesa a la sociedad abatir su pena?

4) El fiscal de Corte Jorge Díaz dijo en este espacio que, en la cabeza de quien delinque, no es tan importante la rigurosidad de la pena como la posibilidad de ser atrapado. ¿Cómo llegamos a que quien va a cometer una rapiña piense que no tiene una posibilidad en diez de caer, sino cinco en diez por ejemplo?
Bueno, coincido absolutamente con el doctor Díaz en que el nivel de eficacia en la represión del delito es lo más importante. Lo que pasa es que, en general, elevar las penas es gratis, es simplemente tener voluntad política y modificar la legislación. Aumentar la eficacia de todo el sistema es muy complejo, es muy caro y requiere articulación y fondos presupuestales constantes. No es fácil mejorar esa tasa de eficacia de un dígito en la resolución de los delitos. Si aumentáramos al doble nuestra tasa de eficiencia tendríamos el doble de presos: en dos años, en vez de 11.000 detenidos tendríamos el doble. Y hoy es absolutamente imposible prever que en el corto plazo pudiéramos duplicar la capacidad de los establecimientos carcelarios. Claro que sería mucho mejor lograr aumentar la eficacia del sistema.

5) Pero quien va a delinquir de forma premeditada -no por un arrebato emocional- quizás lo pensaría más si las probabilidades de que lo agarren son mayores. De esa forma no aumentaría tanto el número de presos porque habría menos delitos.  
Estoy totalmente de acuerdo, creo que por ahí deberíamos trabajar. Por eso hemos apoyado decididamente la instalación de cámaras en la calle. En las zonas donde se instalaron bajó la actividad delictiva. La misma apreciación, quizás con no tanta firmeza, puede hacerse con relación al patrullaje visible: baja también la tasa de criminalidad. Pero es muy caro y muy difícil hacerlo en todo el territorio.

6) ¿Cómo ve usted la situación de inseguridad en Uruguay en relación a la región?
Sigue siendo buena, pero mala en relación a nosotros mismos, porque ha empeorado. Eso sobre todo en Montevideo, tenemos muy centralizado en el cono urbano el fenómeno a combatir. Con el 40% de la población, Montevideo tiene el 80% de las rapiñas. Entonces, aumentar la seguridad en Montevideo no es tan difícil como hacerlo en todo el país. Está aquello de que el delito se desplaza, pero si nosotros logramos aumentar el patrullaje en la capital y cubrir con cámaras la ciudad habrá seguramente una mejora en este tipo de delitos vinculados al provecho. Es distinta la situación en otros delitos, por ejemplo los vinculados a la esfera afectiva.

“Con el 40% de la población, Montevideo tiene el 80% de las rapiñas. Aumentar la seguridad en la capital no es tan difícil como hacerlo en todo el país”

7) Como el femicidio.
Sí, o el viejo homicidio que se da en reyertas con cuchillo, por ejemplo.

8) En el caso del femicidio uno supone que el hombre que lo comete no se detiene a pensarlo dos veces porque la pena aumentó.
Yo creo eso. He señalado que, siendo participante de la corriente que entiende que el aumento de las penas sí tiene una eficacia disuasiva, en este tipo de delitos vinculados a lo afectivo o emocional, este tipo de análisis de costo-beneficio juega mucho menos. Entonces, el efecto de elevar la pena probablemente sea bastante neutro. Estamos hablando de que hoy, quien priva de la vida a una cónyuge o concubina tiene una pena mínima de 10 años y una máxima de 24, porque esta situación es un agravante especial del delito de homicidio. El llevar el femicidio o feminicidio a 15 de mínima y 30 de máxima, es decir de una pena grave a muy grave, me sigue pareciendo que no va a tener un efecto práctico hoy.

9) Quienes defienden esa postura dicen que es al menos una señal.
Quizás pueda servir como señal, el derecho penal también puede dar señales, pero no deberíamos generar expectativas desmesuradas en que el objetivo de "ni una más" se pueda alcanzar a través de la consagración de la figura del femicidio.

10) ¿Cree que hay algo de demagogia en este nuevo empuje de inflación punitiva, una especie de "cobrar al grito" de un sector de la opinión pública que está conmocionado y reacciona pidiendo penas más duras?
Las personas de bien tenemos la impresión de que hay que hacer algo, que no nos podemos quedar de brazos cruzados ante estos fenómenos tan graves. Todos decimos "algo tenemos que hacer". Y con esas muy buenas intenciones, muchas veces podemos transitar caminos que no son adecuados, que pueden llenar el ojo hoy pero que a la larga no van a dar resultados. Y las decisiones probadas, volvemos a reiterarlo, tienen costo, son difíciles, son trabajosas y dan resultados a largo plazo. La prevención ha dado resultado: las tobilleras han dado un resultado fenomenal y hemos dicho que hay que trabajar en adquirir más dispositivos y universalizar su aplicación no solo a la violencia de género sino también a las salidas transitorias. Por supuesto tiene un costo y es fundamental tener un diagnóstico en tiempo sobre la peligrosidad del sujeto. Se necesitan más recursos.

11) ¿Estamos muy lejos del ideal?
Hemos caminado muchísimo, una vez que se ha logrado la utilización (de la tobillera) el sistema es altamente eficaz.

12) ¿Cómo evalúa la actuación de los operadores del sistema, policías que reciben denuncias sobre violencia doméstica o los propios jueces?
Ah, muy bien. El sistema tiene dificultades propias como la del tamaño del Uruguay: en el interior, si usted establece un radio de exclusión de 300 metros, hay muchos centros urbanos en los que el sujeto se tiene que mudar. Pero eso no puede obstar a que se aplique un mecanismo exitoso a todo el país. Es un problema de número de dispositivos, de capacidad operativa y, en el caso del Poder Judicial, de tener el número de técnicos suficientes para hacer el diagnóstico en tiempo real. Ahí sí, seguramente, prevendríamos muchísimos casos más de violencia doméstica, siempre que acentuemos también la necesidad de la educación, incluso para quien está sufriendo violencia familiar.

“Podría ser posible” la existencia de cárceles mixtas

13) El 50% de los procesamientos son con prisión. Es un porcentaje muy alto comparado con el que se da en Argentina, por ejemplo, donde uno supone que las características de los delitos son similares. ¿Los jueces en Uruguay abusan de la prisión preventiva?
No estoy tan seguro. La mayor cantidad de personas privadas de libertad lo están por delitos graves, en los que la propia ley establece que son inexcarcelables, como por ejemplo la rapiña. Es muy difícil manejarse con comparaciones. La culpa no es de los operadores sino del sistema procesal que tenemos, que comienza con un procesamiento y no con una sentencia. La gran mayoría de quienes ingresan a un establecimiento carcelario lo hacen sin condena. Por supuesto que ayuda mucho que la primera instancia penal demore en el entorno de un año y medio, que es lo que queremos cambiar radicalmente con el nuevo Código de Proceso Penal.

14) ¿A cuánto se va a bajar esa demora?
No inmediatamente, pero debería bajar dramáticamente. Hemos hablado de que debería bajar a unas semanas esta demora de 18 meses, en general. Cuando se compara nuestra tasa de privación de libertad en relación a la población, uno se pregunta en relación a quién. Si es a las hermanas repúblicas latinoamericanas, deberíamos decir que muchas de ellas tienen una tasa de resolución de delitos más baja que la nuestra. Son menos eficaces que nosotros. Si nos comparamos con Estados Unidos, que ha tenido una política muy exitosa de reducción del delito, la tasa de privación de libertad en relación a la población es mucho más alta que en Uruguay. Y sí han logrado abatir la criminalidad. Lo ideal sería que lográramos resolver el 100 por ciento de los delitos y castigar y rehabilitar al 100% de quienes los cometen. Estamos muy lejos de eso, lógicamente. Entonces comparar es muy difícil porque las situaciones no son iguales.

15) El nuevo Código va a permitir una mejora en estos indicadores.
A mediano plazo sí. Porque la nueva modalidad procesal penal, que no hace milagros, ha tenido resultados disímiles en la veintena de países que la aplican, vinculados a cuál era la realidad que tenían antes. Si la realidad era espantosa, la nueva situación sigue siendo bastante mala. Como el Uruguay no tiene una situación espantosa en la aplicación procesal penal actual, podemos vaticinar que va a ser razonablemente buena la modificación. Los operadores son buenos, lo que está obsoleto es el sistema. El sistema actual muchas veces es percibido como una suerte de lotería: "¿Por qué un rapiñero va preso y por qué otro no?" Esa ausencia de comprensión normal del sistema conspira contra la valoración que la ciudadanía tiene del funcionamiento del Poder Judicial, del Ministerio del Interior, de las fiscalías, que son pilares del funcionamiento de la democracia.

16) ¿Por qué se da ahora lo que usted dice, que frente a un delito similar aparecen dos tratamientos diferentes y por qué va a dejar de suceder esto con el nuevo sistema?
Por la transparencia, porque los juicios van a ser orales. Aquellos casos que convoquen el interés ciudadano y los medios de comunicación quieran informar, van a tener acceso a las audiencias. Eso aumenta la transparencia y por ende la confianza, porque la gente entiende qué pasó.

17) ¿Van a existir salas para que la gente pueda presenciar las audiencias?
En Montevideo va a ser por circuito cerrado porque las salas de audiencia son muy chicas, pero se va a poder acceder a la filmación y el audio de qué pasó, qué fue lo que declararon, por qué triunfó el fiscal o la defensa, por qué en un caso fue condenado a prisión y en otro similar dejado en libertad.

18) ¿Juicios como en las películas, con un juez sobre una tarima, un fiscal que acusa, un defensor y gente escuchando?
El juez no va a estar sentado arriba porque no hay tarimas, y además a la medida uruguaya: no vamos a ver esas espléndidas salas llenas de madera (se ríe). Vamos a tener salas del tamaño de un living por lo cual vamos a recurrir al circuito cerrado de televisión y una sala de prensa abajo. Sí van a estar presentes el juez, el fiscal, la defensa, la defensa de las víctimas, las propias víctimas. Pasamos a tener una víctima que va a estar informada y presente en la audiencia.

19) ¿Eso para el 100% de los casos?
No para el 100% por las limitaciones que tenemos. Va a haber circuito cerrado de televisión en una de las cuatro salas de cada piso, de todas maneras se va a permitir que la prensa elija los casos que tengan más relevancia pública.

20) Pero el 100% de los juicios van a ser orales y públicos.
Sí. El problema es asegurar esa oralidad y publicidad a través del acceso de la prensa al desarrollo del juicio.

“Salvo jueces y fiscales del Crimen Organizado y algún juez penal, los operadores no contamos con protección especial”

21) Desde que me conozco escucho hablar de lo malas que son las cárceles, del hacinamiento, de la violación de derechos que se produce en ellas, ¿cuál es el problema que impide que esto cambie?
Hay varias causas que permiten describir cómo se llegó a esta situación. Primero, nuestra dificultad de siempre para afrontar inversiones importantes en establecimientos carcelarios al tiempo que los delitos aumentan. En 1985 se producían 1.500 rapiñas en Uruguay; quince años después 6.000 rapiñas; treinta años después, 21.000 rapiñas. Y eso mismo, en general, en todos los delitos. Entonces donde había 2.000 presos hoy tenemos 11.000. Por cada 100 delitos (que se aclaran), 50 personas son procesadas con prisión y 50 sin prisión. Esa tasa de crecimiento ha incrementado la necesidad de tener más establecimientos porque además las cárceles se deterioran más que una casa: un establecimiento que puede ser muy bueno, en pocas décadas se vuelve inutilizable. Las Rosas se inauguró en 1982 y era un establecimiento modelo; en 40 años hubo que suspender su utilización y hacer un edificio nuevo. Hay también quizás un cambio en el perfil de los privados de libertad: los delitos violentos se han incrementado más que el total de delitos y eso habla de un perfil. Y por supuesto el hacinamiento; si bien no estamos en los niveles que teníamos hace 5 o 10 años, sigue habiéndolo y eso condiciona también el buen mantenimiento de los establecimientos, sobre todo de los más grandes, Comcar y Libertad.

22) Si esto sucediera con un hospital o una escuela, a nadie se le ocurriría meter a los enfermos o a los alumnos en un edificio en ruinas. ¿Por qué sí pasa con las cárceles? ¿El preso es un ciudadano de segundo categoría cuyos derechos no valen tanto?
Como opinión personal, es muy probable que haya una sensibilidad social menor respecto de quienes cometieron delitos, en Uruguay y en otros países. He escuchado a muchos actores políticos que dicen "yo preferiría destinar estos recursos a construir escuelas u hospitales". El hecho también es que nuestra población estudiantil no ha crecido al mismo nivel que la población privada de libertad. La nueva cárcel de Punta de Rieles va a aumentar el número de plazas en 2.000, lo que no quiere decir que va a haber 2.000 plazas de más, sino que es ir hacia una ausencia de hacinamiento: que el número de huéspedes coincida con el número de camas.

 23) El director de la cárcel de Punta de Rieles, Luis Parodi, que desarrolla un modelo completamente diferente al tradicional, dijo que si fuera por él habilitaría la presencia de mujeres en las prisiones masculinas, ya sea parejas de los reclusos o presas. Cárceles mixtas. ¿Existe algún ejemplo de esto?
Existe. Tenemos ya una experiencia que va en la línea de la incorporación de personal femenino a la administración de establecimientos masculinos, incluso mujeres jóvenes. La experiencia ha sido muy buena, algún director de establecimiento nos ha dicho que las tratan mejor que a los hombres.

24) No me refería a funcionarias sino a la integración de parejas de reclusos a la vida carcelaria o incluso cárceles mixtas.
La experiencia de las visitas conyugales, en todo el mundo, ha sido positiva: baja tensiones, permite controlar situaciones emocionales. La posibilidad de que haya un régimen más abierto, de visitas más constantes, de participación familiar debería ser trabajada. Hay que tener clara la enorme perturbación que es la privación de libertad. También es muchas veces un shock el retorno a la libertad, por eso son importantes las salidas transitorias.

25) Muchas veces cuestionadas.
Sí, mucha gente dice "¿por qué los dejan salir?". Porque hay que hacer también la transición de vuelta. En un país que no tiene pena de muerte ni privación de libertad vitalicia, todos van a regresar a la sociedad. Entonces todo lo que sirva para preparar eso es importante: las salidas transitorias, la rehabilitación por trabajo y estudio, el adquirir los hábitos de convivencia en sociedad, son cosas necesarias. Por eso realmente yo apoyaría la participación femenina como usted señala.

26) ¿Sería posible y beneficioso la existencia de cárceles mixtas?
Podría ser posible. Tenemos alguna situación donde dentro de establecimientos masculinos hay un módulo femenino aunque con muy poca convivencia. En realidad la población carcelaria es en un 90% masculina, entonces esos módulos femeninos son acotados y se trata, aunque compartan espacios comunes, que no coexistan en ellos. Habría que analizar experiencias de otros países, que no he visto.

“(El record de declaraciones de inconstitucionalidad) No fue un problema filosófico o ideológico sino que se fundó en razones jurídicas”

27) ¿Hay preocupación por el aumento de los ajustes de cuentas con la intervención de sicarios? ¿Preocupa que lo que hoy se da entre delincuentes empiece a apuntar, como en otros países, a la policía o a los jueces?
Hay preocupación. Gracias a Dios, algunos vaticinios que se realizaban siguiendo la evolución que el crimen organizado ha tenido en otros países, en Uruguay no se han confirmado. Hemos visto una escalada en el crimen organizado vinculado al narcotráfico, por la proliferación del narcomenudeo, de los espacios territoriales, de los negocios que salen mal, de la lucha por el poder en los barrios, del alto número de armas al que los uruguayos podemos acceder. Esto ha llevado al incremento de hechos que no se daban en Uruguay como los homicidios por encargo. La experiencia en los juzgados del Crimen Organizado ha sido excelente. Se utiliza como herramienta fundamental un método invasivo y que afecta derechos constitucionales como la interceptación de las comunicaciones, porque en este tipo de modalidades de crimen organizado es altamente eficiente. Se ha aumentado la capacidad operativa del Estado uruguayo para efectuar estas intervenciones y esto ha llevado a la resolución de muchos casos que son muy complejos. Pero el fenómeno que usted señala es preocupante. Aun así, en Uruguay, salvo jueces y fiscales del Crimen Organizado y algún juez penal que se cuenta con los dedos, los operadores no contamos con protección especial ninguna porque gracias a Dios este país sigue siendo el Uruguay.

28) ¿Usted no tiene seguridad especial?
No. En otros países es impensable que un presidente de la Corte transite normalmente por la sociedad sin ningún tipo de seguridad especial.

29) En algún momento la tuvieron.
Sí, tuvimos chalecos que en general no utilizamos, armas para nuestros choferes, que hicieron cursos y se les dieron pistolas 9 mm que al final terminamos devolviendo por consenso de los ministros (de la SCJ) y contra la opinión del Ministerio del Interior.

 30) ¿Por qué se adoptaron esas precauciones?
Hubo alguna situación puntual que luego se desdibujó y evidenció que habíamos llevado la preocupación a un nivel demasiado alto.

31) ¿Tuvo que ver con la situación generada a raíz del traslado de la jueza Mariana Mota, en 2013?
Tuvo que ver con algunas situaciones posteriores. El Ministerio del Interior aconsejó determinadas medidas que en su momento parecían razonables y que luego se desdibujaron. Así que volvimos a la situación normal, en la que solo un puñado de jueces y de fiscales vinculados a la represión del delito tienen custodia, autos blindados, etcétera.

32) ¿Cuál era la preocupación?
Como usted recuerda se invadió la Corte, hubo algún tipo de amenazas y situaciones que no se sabía en ese momento si iban a llegar a más. Esas situaciones no perduraron y el Uruguay retomó sus costumbres normales. Habíamos instalado algún sensor de metales también en la puerta de la Corte, que este año se retiró. En eso, seguimos siendo Suiza.

“Negar que haya presiones es negar el funcionamiento del sistema democrático”

33) ¿Usted recibió en algún momento algún tipo de amenaza personal?
No, personal no. Solo amenazas genéricas.

34) En un artículo publicado por El Observador el 18 de marzo se afirma que la Corte está conformada por miembros "más bien conservadores y con una visión política de centro derecha". ¿Se siente identificado con esta caracterización?
No, para nada... para nada.

35) ¿No es conservador y de centro derecha?
Yo creo que no... pero son esas cosas que uno no puede decir. Fui bastante liberal toda mi vida, entendí que había algunas situaciones vinculadas a la marihuana que no tenían lógica, como que se hubiera despenalizado el consumo pero que no hubiera ninguna modalidad legal de acceder a él. No cometo delito si consumo marihuana pero tengo que cometer un delito para acceder a ella. También tuve una posición amplia, creo que desde que estudiaba, en relación a penalizar o no en determinadas circunstancias el aborto consentido. Así que no me he sentido para nada identificado con lo que se señala ahí. No me puse ese sayo.

36) ¿Por qué ha habido en los últimos años, sobre todo en el anterior período de gobierno, tantas declaraciones de inconstitucionalidad?
Quizás numéricamente no hubo una diferencia abismal respecto a lo que solía hacer la Corte. Quizás sí las inconstitucionalidades se refirieron a leyes de más importancia política. El hecho es que así se dio, sí fue un número record de declaraciones de inconstitucionalidad en un período de gobierno, respecto de leyes que eran importantes. No de todos los artículos, en general fueron algunos artículos de las normas. Pero bueno, sí es verdad que la situación se dio así. Lo que tengo que señalar es que la Corte, en cada uno de los casos, entendió que se había legislado exorbitando el marco constitucional. En algún caso se señaló que la Corte ponía palos en la rueda. No puede poner palos en la rueda quien integra el sistema. Nosotros somos el freno de la bicicleta, no somos el motor, estamos para controlar y frenar. Y cuando frenamos no ponemos el palo en la rueda, simplemente articulamos el mecanismo que el constituyente estableció para el equilibrio de los poderes. Sobre los por qué, me remito a la fundamentación en cada caso. No fue un problema filosófico o ideológico sino que se fundó en razones jurídicas.

37) ¿Ha sentido presiones políticas?
Nos pagan por resistirlas. Negar que haya presiones es negar el funcionamiento del sistema democrático. Cualquier grupo de presión que trata de obtener alguna decisión coincidente con sus intereses está ejerciendo, en principio, un derecho que en toda democracia existe. No se puede evitar la presión, lo que tenemos que hacer quienes integramos distintos organismos es resistir ese tipo de presiones. Estamos acostumbradísimos porque nuestra función, desde los escalones más bajos, es dirimir contiendas entre intereses encontrados. Siempre vamos a estar dándole la razón a uno y a otro no.

“No me he sentido para nada identificado con la caracterización de conservador”

38) ¿Alguna vez, en su labor como juez, sintió que fue injusto?
(Piensa) No. He tratado de hacer las cosas de la mejor manera posible, en las circunstancias y con las limitaciones que todos tenemos. Uno puede cambiar su postura jurídica a lo largo de los años y entonces lo que antes resolvió de una manera de repente hoy lo resolvería de una forma contraria, pero eso es lo normal en la evolución de un pensamiento jurídico.

39) ¿Duerme tranquilo?
Sí, por supuesto que sí. Empezaría de nuevo, volvería a ser juez. Siempre digo que me casaría con mi mujer y volvería a entrar a la magistratura.

 40) ¿Es aficionado a los comics?
Sí, sobre todo de Superman. Desde los 8 años. Hoy el de los comics es un universo inabarcable. Marvel, que es una de las dos grandes editoriales con Thor, el Capitán América, el Hombre Araña y Hulk, ha revolucionado absolutamente en los últimos años sus personajes: ninguno es quien era. El Capitán América es una persona de color, Thor es una mujer, Wolverine ahora también es una mujer... todo se recicló. Por suerte DC no y los personajes clásicos que yo sigo, siguen siendo los mismos. 

Montevideo Portal | Gerardo Tagliaferro
Fotos: Gerardo Carrasco