Investigan a efectivos de la 18

Asuntos Internos del Ministerio del Interior elevará a la Justicia la investigación en torno a tres efectivos policiales de la Seccional 18º que, en marzo de 2012, habrían cometido "omisión de asistencia" contra Jacqueline Grosso, situación que derivó en que la mujer perdiera un embarazo de cinco meses tras haber sido golpeada en el vientre por un vecino.

El caso se originó el 9 de marzo de 2012, cuando Grosso discutía con un vecino "por un caño de agua". En diálogo con Montevideo Portal, la mujer recordó que tras la discusión el hombre la golpeó en el vientre, por lo que debió llamar al 911 para recibir asistencia. Sin embargo, "llegó la ambulancia y se empezaron a abrazar con el agresor, porque había trabajado para un taller mecánico que reparaba vehículos para la Seccional 18º".

Según Grosso, la ambulancia la tuvo "media hora dando vueltas por Piedras Blancas" sin llevarla a ningún centro asistencial, tras lo cual le condujeron a un calabozo de la 18. "Allí estuve cuatro horas y compartí la celda con un preso, cuando yo era la que había llamado al 911", asegura.

Cuando finalmente logra ir a la mutualista Casmu para ser atendida, le confirman que una infección producida en las horas posteriores a la agresión le provocó la pérdida del embarazo.

Grosso recuerda que los policías que la acompañaban le dijeron a los médicos que no existía causa judicial, por lo que no se ordenó autopsia y no se notificó al juez. Posteriormente, el caso fue tomado por la entonces jueza penal Mariana Motta, quien llevó adelante la investigación. Sin embargo, el cuerpo del bebé continuó conservado en formol hasta esta semana, cuando finalmente se autorizó la realización de la autopsia.

Desde el incidente, Grosso denunció el caso públicamente y ante autoridades, al punto que el 23 de abril pasado fue recibida por el ministro del Interior Eduardo Bonomi. El secretario de Estado le confirmó que la investigación administrativa había derivado en sumarios para dos efectivos y dos subcomisarios de la 18.

Durante el período posterior, la jueza Motta debió ordenar "protección" para Grosso contra la propia Seccional 18, por temor a represalias. "Hubo una época en que me detenían por cualquier cosa", recuerda, señalando que en el marco del proceso civil que continuaba por la tenencia de la propiedad en disputa, la denunció "falsamente" en varias ocasiones.

El viernes pasado Grosso recibió la llamada de la directora de Asuntos Internos María González, quien le confirmó que toda la investigación sería enviada al juzgado penal de 7º turno. La propia González confirmó esa información a Montevideo Portal, indicando que, si bien los resultados de la investigación son reservados por el momento, responsabilizan a los cuatro efectivos.

Intendencia autorizó el entierro

Entre las particularidades del caso de Grosso estuvo la imposibilidad de que el cuerpo del feto fuera sometido a una autopsia, producto de que no hubo ninguna orden judicial que lo solicitara. Con la autorización de la autopsia en los últimos días, Grosso también recibió la noticia de que podrá enterrar al feto.

En efecto, el director de Necrópolis de la Intendencia de Montevideo se comunicó con la mujer para confirmarle que podría proceder al entierro, siendo la primera vez quese entierre a un feto de menos con menos de 500 gramos. Según Grosso, la decisión de la Intendencia obedece a la contemplación del "sufrimiento" que debió vivir la damnificada.

Proyecto de ley

A raíz del caso, Grosso comenzó a trabajar en un proyecto de ley que "considere al feto de más de 12 semanas con sujeto de derecho", con la intención de que, en casos como el sufrido, haya una pena mayor.

El objetivo del proyecto es que cuando una mujer con más de tres meses de embarazo recibe un agresión, y resulte tanto en "homicidio" como en "lesiones graves", se considere también al feto como víctima de la agresión.

La iniciativa será presentada por Grosso al Parlamento, y fue el senador colorado Alfredo Solari el primero en mostrar receptividad al texto.