La sesión del directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu) celebrada el 22 de enero derivó en un fuerte cruce interno a raíz de la divulgación de una resolución adoptada para autorizar una partida mensual para los jerarcas de casi $ 131.000 y en denuncias sobre una posible vulneración de la confidencialidad.
Según consta en el acta, de la que dio cuenta Búsqueda y a la que tuvo acceso Montevideo Portal, el conflicto se desató luego de que una resolución adoptada el 15 de enero en régimen de Comisión General —instancia que es reservada— apareciera publicada en X menos de 24 horas después. Para varios directores, el episodio constituyó “una falta grave”.
El director Robert Long sostuvo que la “filtración” de una resolución reservada “no buscaba transparencia, sino generar un escándalo público para abortar una decisión” y reclamó una investigación administrativa urgente, con peritaje de accesos a archivos y dispositivos electrónicos. “Esta filtración no es un detalle menor; es una ruptura de la cadena de confianza y un posible ilícito”, afirmó.
En la misma línea, se planteó que, al haber participado solo seis directores en la Comisión General, el margen de responsables posibles era reducido, lo que reforzaba la necesidad de esclarecer lo ocurrido.
El intercambio escaló cuando el vicepresidente, Fernando Rodríguez Sanguinetti, apuntó directamente contra integrantes del directorio y del área de Secretaría, al sostener que la información publicada en la prensa coincidía exactamente con textos internos.
En ese contexto, lanzó la siguiente afirmación: “O hay micrófonos en esta sala —y pediremos que Policía Técnica revise si los hay— o alguien está filtrando deliberadamente”, expresó, según consta en el documento.
Rodríguez Sanguinetti habló de una “campaña organizada de desprestigio” y cuestionó que se presentara públicamente a algunos jerarcas como “salvadores de la caja”, mientras se exponía a otros directores al “linchamiento mediático”.
Ante las alusiones directas, el jefe del Departamento de Secretaría, Gabriel Retamoso, solicitó formalmente que se disponga una investigación administrativa y que se periten todos sus dispositivos electrónicos, con el objetivo de despejar cualquier sospecha.
Además, aclaró que lo difundido en los medios de comunicación no era la resolución formal de la Comisión General, sino un texto elaborado por él como insumo interno para funcionarios y jerarcas, y que pudo haberse filtrado desde ese ámbito reducido.
Durante la sesión del 22 de enero, tanto el expresidente Daniel Alza como la exvicepresidenta Virginia Romero negaron de forma expresa haber realizado filtraciones a la prensa. Finalmente, y ante la magnitud de la controversia, el directorio resolvió comunicar oficialmente a los medios lo sucedido, sin realizar valoraciones ni interpretaciones, dejando constancia de que la resolución había quedado sin efecto.