La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh) emitió un comunicado en el que insta al gobierno uruguayo a avanzar “en una revisión normativa y procedimental” respecto al formato de los pasaportes emitidos por Uruguay que, “lejos de implicar retrocesos, fortalezca las garantías para todas las personas ciudadanas, en pie de igualdad”.

Esto surge luego de que en julio las autoridades dieran una marcha atrás con los nuevos pasaportes que eliminaban el dato de la nacionalidad de las personas y que generaron el rechazo del ingreso a Alemania y Japón por parte de las autoridades de ambos países y anuncios de acciones similares por parte de Francia, con las consiguientes repercusiones políticas.

Si bien desde la oposición se celebró el volver al formato original, la organización de extranjeros residentes en el país Somos Todos Uruguayos manifestó su oposición al cambio y aludió al riesgo que tienen algunos de los inmigrantes de figurar como “apátridas” en el ingreso a algunos países. Esto porque en la confección actual, que volvió a regir desde el 30 de julio, el código del país emisor no coincide con el código que corresponde a la ciudadanía del portador en el caso de los extranjeros.

La Inddhh indicó en su misiva, publicada este jueves 4 de setiembre, que ha trabajado “de forma sostenida, junto con organizaciones de la sociedad civil, en la elaboración de recomendaciones sobre ciudadanía legal, nacionalidad y documentación de identificación, en particular en lo referido a los pasaportes”. “Y ha contado para ello con el seguimiento y el apoyo de Acnur y OIM”, agrega.

Así, recordó que “este proceso, que incluyó instancias con la anterior y la actual administración, permitió avanzar en consensos clave” y sumó un informe presentado en abril de 2025 en la sede de la Inddhh, recomendaba “modificar la información consignada en el campo ‘nacionalidad’ de los pasaportes, como una medida necesaria para garantizar la libertad de movimiento de las personas con ciudadanía legal en Uruguay”.

“La posterior implementación de un nuevo formato de pasaporte generó un debate público que culminó con la decisión del Estado de retornar al formato anterior”, reconoce.

Sin embargo, la institución “recuerda que Uruguay ha asumido compromisos internacionales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que incluyen la adecuación de su normativa a los estándares internacionales en la materia y la eliminación de todo obstáculo que impida el ejercicio pleno de los derechos”.

“La libertad de circulación y la igualdad ante la ley son derechos fundamentales. Ninguna persona con ciudadanía legal puede ser discriminada ni ver restringido su acceso a documentación adecuada. La distinción entre ciudadanía legal y natural no puede, en ningún caso, derivar en un trato desigual ni afectar el goce de derechos”, agrega.