La Cámara Inmobiliaria Uruguaya (CIU) insiste en la necesidad de que el Parlamento apruebe el proyecto que regula la actividad en el sector antes del comienzo de la temporada turístico. La iniciativa, presentada por los propios empresarios en mayo y modificada en algunos puntos por el Ministerio de Turismo, está a estudio de la Comisión de Constitución y Códigos de Diputados, cuyos integrantes se habían comprometido a enviarla al Plenario en agosto.

Los empresarios inmobiliarios manifestaron su preocupación por la demora de los legisladores durante su último Congreso Permanente de Entidades Asociadas realizado en La Paloma. Allí, las cámaras de Colonia, Maldonado, Paysandú, Rivera, Rocha, Salto, Soriano, San José y las de la costa de Canelones acordaron recordar a los legisladores la necesidad de que "se genere un adecuado marco normativo para que, en la próxima temporada estival, se pueda limitar el accionar de las actividades ilícitas y desleales en el sector".

En diálogo con Montevideo Portal, el presidente de la CIU Gabriel Conde dijo que "se trata de una lucha de más de 25 años de los empresarios inmobiliarios". En ese sentido, recordó que el proyecto de ley, que ya recibió el consenso de todos los partidos políticos, establece que "sólo pueden ejercer los operadores que estén matriculados" en el Registro de Operadores Inmobiliario que se crea en el mismo texto.

Además, sólo podrán ser operadores quienes tengan aprobado el curso de "operador inmobiliario" dictado por UTU o los centros privados que estén avalados por el Ministerio de Educación y Cultura.

El proyecto establece además que, si bien cualquier persona podrá abrir una empresa inmobiliaria, deberá contratar obligatoriamente al menos un operador inmobiliario titulado y matriculado.

Conde argumentó que el proyecto es necesario debido a la gran cantidad de operadores que actúan "fuera del marco legal" sin abonar los tributos correspondientes. A propósito, el dirigente señaló que un "estudio de mercado" encargado por la Cámara Inmobiliaria arrojó que el 61% de los contratos de compra-venta se hacen por fuera del marco legal, mientras el 58% de los contratos de arrendamiento son informales. En tanto, el estudio consignó que el 81% de los alquileres temporales también se hacen de forma irregular.

"Son números muy altos y es una recaudación muy importante que deja de percibir el Estado, no pudiendo volcar esos fondos a la sociedad", sostuvo Conde, considerando que ese detalle convierte al proyecto en "algo importante no sólo para los inmobiliarios, sino que es de interés general".

Conde remarcó que "en los últimos años el sector inmobiliario ha sido protagonista de la economía del país".