El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), junto con la Universidad de la República, entregaron a las autoridades de ASSE y el Ministerio del Interior un informe con recomendaciones sobre el funcionamiento del Centro de Constataciones Médicas y Ley de Faltas de Montevideo, en lo referente al acceso al examen médico en los primeros momentos de la detención de un presunto delincuente.
Según informaron desde la INDDHH, el estudio incluye "un diagnóstico realizado in situ que verificó la ausencia de protocolos que instruyan sobre cómo llevar a cabo el examen médico, cómo registrar la información y cómo actuar frente a la sospecha de malos tratos o abuso policial".
Sobre este último punto, se indica que se observó que, en los casos que el personal médico verifica lesiones y la persona detenida sostiene que fueron causadas por la Policía, "no existe una vía directa para informar a las fiscalías, juzgados o defensorías".
"Sin embargo, se ha informado que se está trabajando en conjunto desde ASSE, Fiscalía y la Asociación de Defensores Públicos en generar estrategias que permitan cumplir con la garantía del acceso al examen médico en dicho punto", expresó la INDDHH en un comunicado.
La primera de las recomendaciones realizadas a ASSE y al Ministerio es "definir de forma precisa los cometidos del Centro de Constataciones Médicas y Ley de Faltas de Montevideo", para así lograr que el procedimiento constituya una garantía efectiva para los primeros momentos de la detención.
A su vez se aconseja genera una "línea de comunicación directa para notificar situaciones de presuntos malos tratos durante la detención" a Fiscalía, Defensoría Pública u otro organismo y realizar capacitaciones periódicas del personal de la salud que trabaja en el Centro, enfocadas en los derechos humanos.
Indican que se debe dotar al Centro de los recursos materiales básicos y asegurar un personal suficiente para cumplir con sus funciones, además de garantizar acceso a la historia clínica electrónica al personal sanitario.
Aconsejan también que se sustituya el formulario de constataciones de lesiones que se entrega a la policía por un certificado que respete la confidencialidad.
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