Informe de Presidencia sobre Cardama: “Decisión política” y prórrogas “sin sustento claro”

La investigación administrativa encargada por el Ministerio de Defensa concluyó que la adjudicación del contrato para la construcción de dos patrulleras oceánicas al astillero Cardama fue otorgada “por decisión política” y que, en ese proceso, no se midieron los “riesgos operativos, financieros y contractuales” que correspondían.

El informe fue llevado adelante por la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) y los resultados serán presentados este miércoles por la ministra Sandra Lazo durante la interpelación en la Cámara de Senadores, llevada adelante por el senador nacionalista y exministro de Defensa durante el proceso de adjudicación, Javier García.

De acuerdo con la investigación, consignada por La Diaria, la propuesta de Cardama fue llevada por García mediante el comandante en jefe de la Armada, Jorge Wilson —en lugar de iniciar un procedimiento técnico interno en la fuerza—.

El documento señala que durante la deliberación no se incorporaron formalmente advertencias técnicas previas: aunque hubo un informe del contralmirante Gustavo Musso que cuestionaba la capacidad técnica y financiera de Cardama, ese documento “no fue incorporado formalmente a la discusión previa”.

El informe detalla que no se analizó de forma suficiente la “viabilidad constructiva, experiencia previa, solvencia y capacidad real” del astillero para cumplir con un proyecto de esa envergadura.

En particular, la ONSC advierte que la empresa carecía de antecedentes en la construcción de patrulleras oceánicas similares, que dependía de terceros para tareas críticas, y que presentaba “indicadores de riesgo financiero severos”, circunstancias que “deberían haber sido conocidas o consideradas” antes de adjudicar.

Asimismo, aunque el MDN contaba con asesoramiento jurídico especializado (remitido al estudio Delpiazzo), ese análisis no fue integrado “de manera adecuada” en la decisión. En la práctica, a Cardama se le permitió presentar prórrogas para entregar la garantía de fiel cumplimiento, pese a que no había “sustento jurídico claro”.

El informe de la ONSC concluye que el procedimiento —tal como se desarrolló— fue carente de “la debida diligencia técnica, financiera y contractual”, lo que permitió que el contrato se concretara con un proveedor de alto riesgo, sin la evaluación adecuada de sus capacidades. Esa omisión, afirma, vulnera el deber del Estado de proteger el “interés público”.