Informe a pedido del Senado pide más colaboración del Estado en búsqueda de desaparecidos

La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo compartió una evaluación independiente solicitada por la Cámara de Senadores concluyó que Uruguay carece de una política de Estado en esta materia.

De acuerdo con este informe entregado ayer a la presidenta de la Asamblea General, Beatriz Argimón, los principales obstáculos que enfrenta esta búsqueda son el paso del tiempo y la consecuente pérdida de testigos directos y otras fuentes humanas de información; el ‘pacto de silencio’, perpetuado en sectores militares y civiles; y la ausencia de una política que garantice la colaboración de entidades estatales con las labores de la institución.

En febrero de 2021, el Senado solicitó la realización de dicha evaluación independiente que contribuya a definir cómo debe continuar la búsqueda de los detenidos desaparecidos en el futuro.

En acuerdo con la presidencia de la Asamblea General, la Inddhh encargó al abogado especialista en derecho internacional de los derechos humanos Federico Andreu-Guzmán, la realización de esta evaluación independiente.

En el documento se detalla una serie de recomendaciones como construir e implementar una política pública del Estado que vincule a autoridades e instituciones y que respalde el trabajo de Inddhh.

Además, se indica que la Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio del Interior y la Asamblea General deberían hacer un llamado público para que la sociedad coopere con esta búsqueda.

Según el escrito, la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente debería dar prioridad a las actividades de digitalización de archivos y documentos y su transferencia a la Inddhh. En esta línea, se solicita a la Asamblea General que continúe garantizando los recursos presupuestales necesarios para las labores de búsqueda “sin condicionamientos temporales”.