Imputaron a un policía que “agilizaba” trámites para tenencia de armas a cambio de dinero

Un policía de Salto fue imputado en las últimas horas por el delito de cohecho, en un nuevo episodio de irregularidades dentro de la oficina encargada de los trámites de habilitación y tenencia de armas. 

Según la investigación, el funcionario solicitaba dinero a personas que realizaban gestiones vinculadas a la habilitación para la adquisición y tenencia de armas de fuego (Thata), ofreciéndoles agilizar o destrabar trámites que no correspondían.

Este caso se suma a otro episodio grave ocurrido en la misma oficina. Meses atrás, dos policías habían sido condenados por falsificar documentos y estafar a ciudadanos que necesitaban la habilitación de porte de armas. 

Tras esa investigación y las condenas, la Jefatura de Policía había decidido cambiar al personal del área. Sin embargo, las irregularidades continuaron, lo que llevó a que la propia jefatura reabriera una nueva investigación interna que terminó con la formalización del reciente funcionario.

La maniobra detectada ahora implicaba el cobro indebido de dinero a cambio de trámites que no cumplían con la normativa. Por este motivo, el juzgado penal de Segundo Turno formalizó al funcionario como autor del delito de cohecho y le impuso medidas cautelares: fijación de domicilio y prohibición de salir del país por 120 días.

La investigación previa, liderada por el fiscal Augusto Martinicorena, había revelado un mecanismo ilícito que operaba desde hacía al menos dos años. En ese proceso se tomaron más de cien declaraciones, se realizaron pericias y se incautaron teléfonos, computadoras y discos duros de la jefatura.

En aquel episodio anterior, una funcionaria policial usurpaba el título de psicóloga para aprobar evaluaciones psicológicas a cambio de dinero, permitiendo la entrega de habilitaciones a personas que no habrían superado el examen. Contaba con la colaboración de otro policía, que completaba los certificados de tenencia y porte sin los controles obligatorios.

Ambos fueron condenados: la mujer recibió una pena de 24 meses de prisión efectiva y fue ingresada a la Unidad 20 del INR, mientras que el otro funcionario fue sentenciado a 24 meses bajo libertad a prueba, por su rol como cómplice.