rLa Justicia de Florida, a partir de una acusación realizada por la Fiscalía Departamental de Florida de 2° Turno, dispuso este viernes prisión preventiva por 120 días para una mujer propietaria de un residencial en la localidad de Fray Marcos, acusada de haber cometido una serie de delitos graves contra diferentes internos del lugar.
Según consignó en primera instancia Telenoche (Canal 4) y luego confirmó la Fiscalía General de la Nación mediante un comunicado, la imputada habría cometido un delito continuado de violencia privada, lesiones graves, dos delitos de omisión de asistencia, desacato, reiterados delitos de abuso de la inferioridad psicológica de personas incapaces y reiterados delitos de abandono de personas incapaces.
El caso se inició cuando una mujer de 69 años en situación de calle, que habría estado alojada en el residencial, logró escapar y denunciar los hechos a la Policía. Tras su escape fue hospitalizada, y su testimonio llevó a la intervención de la Fiscalía y de la Policía en el establecimiento.
Según la investigación, la denunciante fue retenida contra su voluntad, obligada a hacer tareas domésticas y golpeada repetidamente, incluso después de sufrir una lesión en un brazo, sin recibir los cuidados médicos necesarios.
También se investiga que la acusada le retuvo su pensión, su tarjeta de débito y documentación personal, además de exigirle la gestión de préstamos cuyos fondos, según la Fiscalía, quedaban en poder de la imputada.
La denuncia sostiene que la mujer permanecía encerrada bajo llave en una habitación con ventana enrejada, y que cuando fue encontrada por un testigo hacía más de dos días que no había comido.
En el allanamiento posterior, la Policía identificó al menos 29 personas alojadas en el lugar, y varios residentes declararon ante las autoridades sobre maltratos, falta de ropa y condiciones sanitarias deficientes.
Además de los delitos principales, la Fiscalía investiga episodios adicionales de heridas en internos del residencial y presunto incumplimiento de medidas cautelares ordenadas con anterioridad, mientras en paralelo se dio intervención a organismos como el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y la Unidad de Víctimas de Fiscalía.
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