Carlos Telleldín, último poseedor conocido de la camioneta Trafic presuntamente usada como coche bomba en el ataque, dijo ante el tribunal argentino que no está arrepentido de los 400.000 dólares que cobró para dar una versión falsa del destino del vehículo.
"No me arrepiento de haber aceptado el pago. Era la forma de demostrar la corrupción de Galeano y los fiscales (Eamon) Mullen y (José) Barbaccia", dijo.
Según la agencia oficial Télam, Telleldín también sostuvo que los detalles del pago que recibió fueron planificados con el exjuez Juan José Galeano, el primero que tuvo a cargo la investigación por el atentado y que también es juzgado en este proceso.
Telleldín también reveló que había pensado en recusar al fiscal Alberto Nisman, fallecido en enero pasado en circunstancias aún sin aclarar cuatro días después de denunciar a la presidenta argentina, Cristina Fernández, por presunto encubrimiento de los sospechosos iraníes de haber perpetrado el atentado.
El imputado aseguró que, hace más de diez años, el fallecido fiscal le dijo a su abogado Luis Sasso que "si mantenía la historia" que involucraba a los policías no lo acusaría en la causa.
"Tenía pensado presentar a Sasso como testigo y recusar a Nisman", agregó.
El juicio, que lleva a cabo el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Buenos Aires, continuará el próximo jueves.
En el proceso se juzga a 13 personas, incluido el expresidente Carlos Menem (1989-1999), por numerosas irregularidades detectadas en el primer juicio abierto por el atentado contra la AMIA, que concluyó con la declaración de nulidad de toda la investigación y con la absolución de los policías imputados.
Entre los acusados están el primer juez de la causa, Juan José Galeano, quien fue destituido en 2005 por mal desempeño, los exfiscales de la causa Eamón Mullen y Jorge Barbaccia, el excomisario de la Policía Federal Jorge Palacios, el abogado Carlos Telleldín y el extitular de los servicios de inteligencia argentinos Hugo Anzorreguy.
Los trece imputados son juzgados por el presunto soborno, con 400.000 dólares, a Telleldín para incriminar a policías bonaerenses y por el encubrimiento de la llamada "pista siria", que ligaba a empresarios de ese origen allegados a la entonces familia presidencial Menem.
Entre las irregularidades detectadas en la etapa de instrucción figura la "pérdida" de unas 60 cintas grabadas con escuchas telefónicas de los servicios secretos argentinos a presuntos integrantes de la conexión local que cooperó con los atacantes.
El atentado contra la AMIA, en el que murieron 85 personas, fue el segundo contra sedes judías en Argentina.
En 1992 la Embajada de Israel en Buenos Aires quedó destruida por un atentado, también atribuido a Hizbulá, en el que perdieron la vida 29 personas.
Con información de EFE