Iban a desalojarla pese a pagar puntualmente por 31 años, pero un “tecnicismo” la salvó

La Agencia de Vivienda Social (AVS) de la Comunidad de Madrid, España, canceló el desalojo previsto para una mujer de 53 años que reside desde hace 36 años en una vivienda pública del distrito de Moratalaz. La decisión se adoptó luego de que se revisara el expediente y se constatara que la moradora tenía derecho a figurar como titular del contrato de alquiler.

La resolución fue comunicada horas antes de que se ejecutara el lanzamiento judicial y pone fin, al menos por el momento, a varios días de incertidumbre para Manuela, quien padece un delicado estado de salud y necesita permanecer conectada a un tubo de oxígeno durante 16 horas al día.

Según explicó su abogada, la administración confirmó que revisó la documentación del caso y resolvió regularizar el contrato de arrendamiento a nombre de la mujer. "Nos han confirmado por teléfono que se suspende el desahucio, que han revisado el expediente, que efectivamente han comprobado que la titular del derecho a la vivienda era Manuela y que van a proceder a regularizar el contrato", señaló en declaraciones recogidas por el periódico matritense El País.

Asimismo, la decisión fue celebrada por todos en el barrio, donde Manuela vive desde hace 31 años y llegó a ser presidenta de la comunidad de vecinos de su edificio.

Manuela fue realojada en 1991 desde un asentamiento informal. Sin embargo, el contrato quedó únicamente a nombre de su pareja, aunque ambos figuraban como adjudicatarios durante el proceso. Según la documentación aportada por su defensa, el hombre nunca llegó a habitar el inmueble porque ingresó en prisión antes del traslado, mientras que Manuela permaneció allí de forma ininterrumpida, abonó el alquiler durante más de tres décadas y asumió el mantenimiento de la vivienda.

El conflicto se originó en 2023, cuando una inspección comprobó que el titular del contrato no residía en el inmueble. La Agencia de Vivienda Social rescindió entonces el contrato y promovió el desalojo sin reconocer el derecho de la mujer a continuar ocupando la vivienda.

La situación cambió después de que los servicios jurídicos presentaran al juzgado documentación que acreditaba que ambos habían sido adjudicatarios del inmueble durante el proceso de realojo. Tras revisar el expediente, la administración modificó su postura y dejó sin efecto el lanzamiento.

La noticia fue recibida con alivio por decenas de vecinos y organizaciones sociales que habían respaldado a la mujer durante los últimos días. El caso también reavivó el debate sobre antiguas prácticas administrativas que, según las entidades que la acompañaron, solían reconocer únicamente al hombre como titular de determinados contratos de vivienda pública.

Tras conocer la suspensión del lanzamiento, Manuela agradeció el apoyo recibido y expresó su satisfacción por el cambio de criterio de la administración. "Han reconocido que han cometido un error y que yo verdaderamente soy una persona que vine realojada y que llevo 36 años viviendo aquí", afirmó. También sostuvo que espera que el nuevo contrato sea formalizado cuanto antes y añadió que "no hay derecho a que me tirasen a la calle por el hecho de ser mujer y que no me reconociesen mis derechos".