Búsqueda había informado que el contrato de compraventa de los aviones Bombardier adquiridos por Pluna S.A. con una garantía de la empresa Pluna Ente Autónomo incluía una cláusula de confidencialidad, por lo que el Estado no podía hacer público el costo de cada aeronave.

Sin embargo esto no es así, y el ministro de Transporte, Víctor Rossi, informó al Parlamento que el costo fue de 36,5 millones de dólares. Carlos Bouzas había reconocido la acusación de un ex abogado de Pluna de que la empresa Leadgate (propietaria del 75% de la sociedad anónima) hizo el negocio de Pluna con las "comisiones" pagadas por la constructora de los aviones.

"En la competencia que existe entre los seis o siete fabricantes de aviones que hay en el mundo, el tema de los precios con cada cliente es algo complicado, porque ninguna empresa quiere que las demás se enteren de cuáles son sus precios. Entonces, una de las condiciones que están en el contrato es que no se puede hacer público el precio al que se arribó", había explicado el presidente de Pluna Ente Autónomo. Sin embargo, el Ejecutivo entendió que no está comprendido por tal limitación.

Con respecto a la acusación, el abogado que ahora trabaja en el Ministerio de Relaciones Exteriores, aseguró que "con la compra de los aviones Bombardier, la gente de Leadgate ya hizo su negocio, porque con la comisión que cobró, con el sobreprecio que usó por encima de Embraer, ya hizo lo que tenía que hacer y, por lo tanto, se puede retirar", según explicó Bouzas.

Luego contó que entre Bombardier y Embraer "se planteó un juego en el que compitieron ambas empresas para ver cuál presentaba las mejores condiciones en cuanto al precio, al plazo de entrega -hay que tomar en cuenta que comprar un avión es muy complicado- y a los servicios adicionales".

La jueza en lo Penal de 14º turno, Aída Vera Barreto, citará a Bouzas y a representantes de Leadgate en el marco de la denuncia presentada por el abogado Gustavo Salle acerca de la venta de la aerolínea, dijeron fuentes del organismo al citado semanario.

Para Salle, el negocio comprometió "el patrimonio nacional" y violó varios principios jurídicos.