INISA: Comité de los Derechos del Niño denuncia uso de medicación como “método de control”

El Comité de los Derechos del Niño afirmó mediante un comunicado que el episodio de intoxicación en el Centro de Máxima Contención (CMC) del INISA del pasado jueves forma parte de una "situación más compleja" que es la medicalización de los adolescentes en centros de privación de libertad.

Según asegura, esta situación ya fue denunciada tanto por el Comité de los Derechos del Niño del Uruguay, como por el Mecanismo de Prevención Contra la Tortura de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH).

El hecho ocurrió cuando el director del CMC visitó el establecimiento sito en Cufré y Bulevar Artigas. Según informara la diaria, el funcionario bebió un vaso de jugo que había sido preparado para los internos. Tras la ingesta se indispuso y fue trasladado a un sanatorio privado. El contratiempo de salud se produjo porque al zumo se la había añadido diazepam, un fármaco tranquilizante.

Desde el Comité de los Derechos del Niño del Uruguay, afirman que estas prácticas funcionan "como método de control" y que no solo involucran a las autoridades del INISA, "sino que también interpelan al Estado en su conjunto en cuanto a la gestión de los centros y las deficiencias en las políticas de prevención del delito y al sistema de protección".

"Las situaciones de vulneraciones de derechos constatadas en los adolescentes que ingresan al sistema -el consumo problemático de drogas, la baja escolaridad, entre otras- dejan en relieve las deficiencias de una política pública que no ha logrado brindar protección y asegurar el pleno goce de los derechos humanos básicos para estos sectores de la población, que permanecen excluidos con múltiples vulneraciones de derechos", reflexiona.

En el texto, la organización social lamentó la situación del funcionario y señaló que espera "que la investigación administrativa arroje luz sobre estos hechos y permita erradicar las malas prácticas institucionales en el uso abusivo de psicofármacos como métodos de control, sobre la población adolescente privada de libertad".

Por otra parte, aseguran que demuestran la ineficiencia del "avance punitivo en la legislación penal regresiva para los adolescentes, que aumentó los plazos de la privación de la libertad para algunos delitos, sumando al aumento de 90 a 150 días para las medidas cautelares" y que solo genera "situaciones regresivas y violatoria de los derechos humanos".

El Comité de los Derechos del Niño del Uruguay invita a encarar el tema carcelario, así como las políticas públicas para la infancia y la adolescencia, desde un abordaje integral desde el ámbito legislativo y administrativo "para trabajar las deficiencias y dotar de recursos suficientes y personal técnico capacitado".

Asimismo, indicó que "sería oportuno" avanzar en la reglamentación de la Ley de Salud Mental "e incluir un capítulo expreso en lo que refiere a la medicalización en situaciones particulares que puedan llegar a implicar la vulneración de derechos humanos, como son las instancias de privación de libertad y/o de protección para el caso de niños, niñas y adolescentes; de manera tal de garantizar el acceso a la salud y evitar mecanismos de control a través de la medicalización".