IM incorporará un servicio de interpretación en lengua de señas en sus 100 dependencias
La herramienta, brindada por una empresa propiedad de Antel, permitirá a las personas sordas hacer trámites y acceder a otras prestaciones.
25.07.2026 13:41
Montevideo Portal
A partir de agosto, las personas sordas podrán realizar trámites y acceder a servicios en cualquiera de las cien dependencias de la Intendencia de Montevideo con asistencia de un intérprete en Lengua de Señas Uruguaya (LSU), gracias a un nuevo sistema de videointerpretación que la comuna presentó este viernes.
Según informó la comuna, el servicio será prestado por Accesa, empresa propiedad de Antel, y se implementará de forma escalonada durante ese mes. En cada uno de esos espacios se instalará señalética específica y códigos QR para facilitar el acceso al sistema. El funcionariado de las dependencias recibió capacitación previa sobre su uso.
La herramienta estará disponible en todos los municipios, los 18 Centros Comunales Zonales, las 23 policlínicas, el Atrio de la Intendencia, espacios culturales, Comuna Mujer, salas velatorias, centros públicos de empleo, el Mercado Agrícola de Montevideo (MAM) y oficinas de información turística, entre otros puntos de atención ciudadana.
El intendente Mario Bergara encabezó la presentación y enmarcó la medida en un compromiso con la inclusión. “Hay momentos que se convierten en avances importantes y hoy es uno de ellos. Nos ayuda a derribar barreras, ampliar derechos y oportunidades para construir una sociedad más igualitaria. Abrir cien canales de comunicación implica abrir y profundizar el vínculo de la Intendencia con la comunidad sorda del país”.
El director de la Secretaría de Discapacidad, Santiago Aristoy, subrayó el impacto de la medida: “Hoy se inauguran cien espacios de participación donde las personas van a poder acercarse y ejercer sus derechos. La Intendencia pasa a tener cien lugares donde la barrera comunicacional empezó a derribarse”.
La directora de la División Información y Comunicación, Natalia Acerenza, planteó el trasfondo político de la decisión: “La comunicación es un derecho y, al mismo tiempo, promueve otros derechos fundamentales. La accesibilidad comunicacional no puede depender de situaciones excepcionales ni de voluntades individuales; tiene que formar parte del modo como la Intendencia se vincula con las personas”.
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