Horas de incertidumbre para 23 personas a las que quieren desalojar sin orden de un juez

La Fiscalía y la Policía se presentaron este lunes en una casa ubicada en la calle Canelones casi Yaro, en el barrio Cordón, con la intención de desalojar a 23 personas, entre ellas cuatro niños, que viven allí.

Los habitantes de la casa, que funciona como pensión, son 13 cubanos y 10 uruguayos que fueron contactados por un cubano que se hizo pasar por dueño de la casa y que les exigió el pago de tres meses por adelantado.

Sin embargo, una vez que el verdadero dueño de la casa reclamó por su propiedad, el intermediario se dio a la fuga y la fiscal interpreta que los ocupantes están en calidad de usurpadores.

A 24 horas de Nochebuena, la mayoría de los habitantes de la pensión no tienen otro lugar a donde ir.

Por este motivo, horas de incertidumbre se vivieron en la casa cuando las autoridades se presentaron sin una orden de un juez de paz, algo que, según explicó a Montevideo Portal el abogado Juan Ceretta (que los ayudó en la causa), no debería suceder.

"Está la Policía y la fiscal desalojándolos. Nosotros pretendíamos que hubiera una orden de un juez, no que la Fiscalía y la Policía desalojen sin un proceso judicial previo, sin siquiera una orden de un juez", manifestó Ceretta.

El abogado expresó que el mecanismo utilizado por la fiscal de Flagrancia Jimena Zubía, la actuante en el caso, no está previsto en la ley. "Lo que está previsto es que haya que hacer un juicio de desalojo, que ante la denuncia de usurpación a vos te puedan citar en Fiscalía y te tomen declaración", expresó.

Ceretta explicó que su recomendación a las 23 personas fue que se quedaran en el lugar y aceptaran ir a juicio porque, a su entender, son totalmente inocentes en esta situación.

El abogado explicó que los ocupantes no son usurpadores de la vivienda ya que ingresaron pagando un alquiler y que, además, el principal delito de esta situación es la estafa que sufrieron.

Sin embargo, Ceretta explicó que para un migrante es muy difícil la situación en que una fiscal y un grupo de policías exigen que salga de una vivienda, principalmente porque suelen desconocerse las leyes que lo amparan.

"Lo peor es que todo esto se ha extendido con los migrantes porque resulta muy efectivo. Imaginate que estás es un país donde no conocés las leyes, viene un fiscal y un policía y te dicen que tenés que irte. Vas a creerle al que tiene un escudo que dice 'policía' y al otro que tiene un carné que dice 'fiscal'", expresó.

"Y si además te dicen que si los someten a un proceso penal usted no va a tener nunca el certificado de buena conducta para obtener la residencia, te vas ya", continuó.

Es que, según narró a Montevideo Portal Tatiana, una de las personas a punto de ser desalojadas, cuando la Policía y la fiscal se hicieron presentes en la casa hubo insistencia para dejarla e incluso algunos ocupantes llegaron a sacar sus pertenencias a la calle.

Más allá de que las personas se quedaron y la incertidumbre continúa, Tatiana aseguró que las autoridades amenazaron con regresar y llevarlos presos por un delito de desacato.

Pasadas las 15:00 de este lunes, Ceretta publicó en su cuenta de Twitter que "se llegó a un acuerdo con Fiscalía y las 23 personas obtuvieron una prórroga hasta el 13 de enero para desalojar la finca".