Hijos de legisladores en escuelas de ANEP: la consulta de Schipani tras polémica por Ojeda

El diputado del Partido Colorado Felipe Schipani se refirió a la polémica en torno a la presunta violación del artículo 124 de la Constitución por parte del senador Andrés Ojeda. Además, presentó en Diputados una consulta para que se realice una interpretación del artículo.

La acusación contra el senador surgió luego de que firmara un escrito en el que solicitaba el reexamen de una causa. La fiscal Sylvia Lovesio advirtió esto en el marco de una audiencia. Además, la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores analiza el caso.

El diputado presentó este miércoles una consulta para que la Dirección Jurídica del Parlamento determine si un legislador viola el artículo 124 al inscribir a un hijo en una escuela pública.

El artículo menciona: “Los Senadores y los Representantes tampoco podrán durante su mandato: 1°) Intervenir como directores, administradores o empleados en empresas que contraten obras o suministros con el Estado, los Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados o cualquier otro órgano público. 2°) Tramitar o dirigir asuntos de terceros ante la Administración Central, Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados. La inobservancia de lo preceptuado en este artículo importará la pérdida inmediata del cargo legislativo”.

Schipani mencionó en diálogo con Montevideo Portal que la denuncia contra Ojeda “no tiene ningún asidero”.  

El diputado mencionó que el comienzo de la polémica está en la Constitución de 1934, cuando se resolvió que los legisladores profesionales podían seguir ejerciendo su actividad siempre que no lo hicieran frente al Estado. En el caso de los abogados —según explicó—, existe una particularidad, debido a que su labor se desarrolla ante el Poder Judicial, lo que llevó a que el artículo 124 excluyera a este sector. El problema, añadió, aparece tras la reforma del Código del Proceso Penal de 2017, que redefinió el sistema y le otorgó a la Fiscalía un rol protagónico, por lo que pasó a ser un servicio descentralizado.

La denuncia contra Ojeda “es un disparate, porque no tiene ningún sentido que puedas presentar como abogado un escrito en el Poder Judicial y no en la Fiscalía, cuando todo forma parte de la misma defensa penal”, dijo el legislador colorado.

Otro de los argumentos que brindó Schipani es el articulo 71 del Código del Proceso Penal, el cual menciona: “El defensor actuará en el proceso como parte formal en interés del imputado, con todos los derechos y atribuciones de esa calidad”.

El diputado mencionó un factor clave el artículo mencionado: que los abogados “no están representando ni gestionando nada para un tercero, sino que son parte”.

“Todo es una operación política para perjudicar a Andrés [Ojeda] y desgastarlo”, analizó.

“No le veo consecuencias, porque no creo que el Frente Amplio avance en destituir a un senador con un argumento que entendemos que no tiene mucho sustento”, sentenció.