La Fiscalía de Delitos Económicos de tercer turno, a cargo de Gilberto Rodríguez, recibió la semana pasada a dos indagados en el marco de la causa que investiga al Grupo Bursátil Uruguayo (GBU) por el faltante de unos US$ 40 millones pertenecientes a la herencia de María Luisa Gianoli, una mujer sin herederos que fue declarada incapaz antes de fallecer.

Una de las principales novedades que surgieron a partir de la documentación incorporada a la investigación es que el vaciamiento de los fondos comenzó en 2019, cuando se retiraron US$ 21,15 millones de las cuentas vinculadas a la herencia para la compra de treasuries que nunca ingresaron a las cuentas de Gorriti S. A., la sociedad a través de la que se administraba el patrimonio de Gianoli.

Según surge del informe del Banco Central del Uruguay (BCU) al que accedió Montevideo Portal, esos valores fueron posteriormente reasignados a cuentas de terceros, entre ellas varias sociedades anónimas que eran clientas de GBU. 

En concreto, US$ 5.004.000 fueron a parar a una cuenta de Euroglobal S. A.; US$ 1.493.000 a Belnews S. A.; US$ 813.000 a Betameta S. A., y US$ 1.136.700 a un producto financiero a nombre de Iliana Gateño.

En todos los casos, el regulador constató que no hubo salidas de efectivo desde esas cuentas, lo que indica que no se trató de compras reales de los títulos, sino de una reasignación interna de activos dentro del sistema de GBU.

“No se trató de compras de los treasuries por parte de estas cuentas, ya que no hubo salidas de efectivo de esas cuentas. Simplemente ingresaron los treasuries”, señala el informe del BCU.

Otro elemento relevante es que los registros del sistema de GBU identificaron como usuario operador a Gonzalo Correa, hijo de Álvaro Correa, quien estaba al frente de la sociedad de bolsa. A partir de este dato, los denunciantes solicitaron la inmediata detención de Correa hijo, al considerar que participó en la dispersión del dinero en más de 100 cuentas, una maniobra que habría dificultado el rastreo de los fondos.

La denuncia fue presentada por la familia de la difunta, vinculada a la cúpula del Opus Dei en Uruguay, contra Correa y el curador de Gianoli, José Luis Zabaleta. También se encuentra indagada la contadora Luján Cafasso, quien integraba la administración de Gorriti S. A.

La instancia de la semana pasada ante Fiscalía fue solicitada por Zabaleta y Cafasso, quienes prestaron declaración con el objetivo de aclarar aspectos de su actuación que —según los denunciantes— derivaron en la estafa millonaria. En su declaración, Zabaleta reconoció que fue él quien decidió la inversión de US$ 33 millones sin solicitar autorización judicial, amparándose en un estatuto social que, a su entender, le permitía disponer de los bienes.

Gorriti S. A. funcionó como vehículo patrimonial de Gianoli. A través de esa sociedad, se canalizaron y administraron decenas de millones de dólares, en su mayoría provenientes de la venta de acciones de Banmédica S. A., una operación que contó con venia judicial y generó más de US$ 31 millones. No obstante, esa autorización establecía condiciones estrictas sobre el destino del dinero para evitar un uso indebido de los fondos de la mujer incapacitada.

¿Falso tracker forestal?

GBU sostuvo haber invertido parte de esos US$ 33 millones en un tracker forestal, un instrumento financiero aplicado a distintos rubros del sector rural, que fue presentado por Álvaro Correa como un producto estructurado internacional vinculado a un proyecto forestal.

Sin embargo, el BCU puso en duda la autenticidad del instrumento y de la documentación presentada para justificar la inversión. Al regulador le llamó la atención que los “términos y condiciones” del tracker estuvieran redactados en español, pese a que se trataba de un producto supuestamente emitido y registrado en el exterior.

“No existía ningún tracker cuyos términos y condiciones se encontraran redactados en español”, señala el informe.

A raíz de estas inconsistencias, la Superintendencia de Servicios Financieros contactó a supervisores de Suiza, Islas Vírgenes Británicas, Guernsey, Luxemburgo y Estados Unidos, y solicitó información sobre las empresas involucradas en la estructuración del producto. La firma suiza GentTwo AG confirmó que el instrumento existía y estaba registrado en ese país, pero aportó documentación que no coincidía con la presentada por Correa.

Al comparar ambos documentos, el BCU detectó una diferencia sustancial: “El proporcionado por el contador establece que la emisión es por US$ 33 millones, mientras que el enviado por Suiza indica que la emisión es por US$ 11.483.340”.

Pedidos a Fiscalía

A partir de estos elementos, la defensa de la familia de Gianoli solicitó a la Fiscalía que avanzara con medidas coercitivas, entre ellas la detención de Álvaro Correa, Gonzalo Correa, José Luis Zabaleta y Luján Cafasso. 

Los denunciantes argumentan la gravedad del monto involucrado, la desaparición del dinero y el riesgo de entorpecimiento de la investigación, además de las maniobras señaladas por el BCU.

También se pidió la realización de allanamientos, pericias sobre dispositivos electrónicos, la prohibición de comunicación entre los indagados y un embargo genérico por US$ 30 millones sobre los bienes de las personas involucradas.