Hay una manera de reparar el sistema de inmigración

Por The New York Times | El Comité Editorial

Una ola de personas en busca de una mejor vida ha abrumado la infraestructura migratoria de Estados Unidos. En respuesta, Estados Unidos ha permitido que cientos de miles de migrantes que buscan asilo vivan y trabajen en el país sin ninguna evaluación de los méritos de sus peticiones, mientras expulsa de manera sumaria a cientos de miles de otros, también sin tomar en cuenta los méritos de sus peticiones. Una promesa para brindar refugio a aquellos en necesidad se ha convertido así en una farsa kafkiana.

La inmigración es una fuerza vitalizadora en la vida económica y cultural del país, pero Estados Unidos no puede recibir a todos aquellos que deseen venir. La elección de a quién se le permite ingresar debe tener una intención, no debe ser el resultado de un gobierno que carece de la capacidad para hacer cumplir sus propias leyes. El caos del proceso de asilo está socavando el apoyo público a la inmigración. Y eso, a su vez, pone en riesgo la capacidad de aquellos con necesidad legítima de refugio.

El compromiso de Estados Unidos para ofrecer asilo a personas que huyen de la violencia y la persecución en sus países de origen es una expresión esencial de los ideales de la nación. Sin embargo, el sistema no funciona.

Estados Unidos necesita invertir los recursos necesarios para estar a la altura de sus ideales al construir un sistema que trate a los solicitantes de asilo con dignidad, brinde una adjudicación justa y eficiente de sus peticiones y garantice que aquellos que no obtengan el permiso de permanecer en el país no se queden.

Las escenas diarias de familias empapadas cruzando el río Bravo para llegar a Texas resumen la miseria e injusticia de un sistema migratorio que ha devenido en una colección desordenada de filtraciones y barreras. Entre octubre de 2021 y junio de 2022, los tres primeros trimestres del año fiscal más reciente, el gobierno aceptó solicitudes de asilo de más de 150.000 personas, la mayoría provenía de América Latina, muchos viajaron con sus familias. Con frecuencia, buscan o esperan con paciencia ser arrestados tan pronto plantan un pie en Estados Unidos, con el conocimiento de que después de unos cuantos días en custodia federal serán liberados. En este momento, más de 750.000 personas están esperando a que el gobierno revise sus peticiones de asilo, y el tiempo promedio de espera es de más de cuatro años, según la organización Transactional Records Access Clearinghouse de la Universidad de Siracusa. Mientras tanto, pueden vivir en Estados Unidos y, tras 150 días, solicitar un permiso para trabajar aquí.

La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos (GAO, por su sigla en inglés) reportó el mes pasado que el gobierno tenía problemas para llevar el registro de una porción significativa de quienes son liberados de custodia. Entre marzo de 2021 y febrero de 2022, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos liberó a 184.900 migrantes que solicitaron asilo. Les instruyeron que se reportaran ante las oficinas de inmigración en sus ciudades destino, pero hasta marzo de 2022, alrededor de una de cada cuatro de esas personas no lo había hecho.

Los casos de peticiones de asilo atrasados han aumentado mucho incluso a pesar de que el gobierno, desde marzo de 2020, ha usado el pretexto de una emergencia de salud pública para prohibir las solicitudes de asilo de personas de algunas de las naciones que históricamente han sido de las fuentes más grandes de migrantes que buscan ingresar a Estados Unidos, entre ellas México, Guatemala y Honduras. Entre octubre de 2021 y junio de 2022, los tres primeros trimestres del último año fiscal, el gobierno federal invocó esa regla, conocida como Título 42, para expulsar a migrantes en 853.000 ocasiones a lo largo de la frontera sur (aunque ese número incluye a muchas personas que fueron arrestadas y expulsadas varias veces). Los esfuerzos del gobierno de Joe Biden para terminar con el uso de la regla están estancados en el tribunal federal.

La naturaleza caprichosa del sistema actual se puso de manifiesto hace unas semanas. Tras permitir a decenas de miles de migrantes venezolanos ingresar al país en los últimos años, el gobierno de Biden agregó a Venezuela a la lista de los países del Título 42, con lo que, en la práctica, prohibió nuevas peticiones. Ese fue un cambio abrupto de una política en exceso permisiva a una en exceso restrictiva.

El problema básico es que el gobierno no tiene los recursos para actuar de manera justa. Una propuesta de ley presentada el año pasado, la Ley Bipartidista de Soluciones Fronterizas, proporcionaría dichos recursos. La parte central de la iniciativa expandiría la capacidad del sistema migratorio para hacer un triaje de las peticiones de asilo. Proporciona financiamiento para cuatro nuevos “centros de procesamiento” a lo largo de la frontera sur donde los migrantes que buscan asilo podrían ser detenidos por hasta 72 horas y donde podrían ser sometidos a exámenes médicos, revisión de antecedentes y una evaluación inicial para determinar si tienen un “temor creíble” de persecución en sus países de origen. Los individuos que no cumplan con el parámetro podrían ser deportados, con un derecho limitado a apelar.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, la agencia que ayudaría a operar los nuevos centros de procesamiento, tiene un historial largo y bien documentado de tratar mal a los migrantes. Grupos de activistas incluyendo a la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés) han externado preocupaciones legítimas sobre cualquier expansión a la autoridad de una agencia que a menudo se ha comportado como si estuviera librando una guerra contra la inmigración. Sin embargo, tiene poco sentido crear una nueva agencia para que haga el trabajo de una existente. La legislación presenta una oportunidad para que el Congreso clarifique la misión de la agencia e incluye disposiciones para que haya supervisión de parte de organizaciones vigilantes gubernamentales y no gubernamentales.

La propuesta de ley también financiaría una expansión del sistema para tomar decisiones finales sobre los casos de asilo, con el objetivo de hacer más expeditas esas decisiones. Añadiría 150 jueces migratorios, un incremento de más del 25 por ciento, así como 300 “oficiales de asilo”. Bajo un programa piloto que el gobierno de Biden lanzó la primavera pasada, algunas peticiones de asilo son escuchadas por oficiales de asilo que participan en un curso de entrenamiento de cinco semanas en lugar de jueces migratorios, quienes deben haberse graduado de derecho y contar con al menos siete años de experiencia. El piloto intenta lograr un equilibrio entre el debido proceso y la velocidad, pues les proporciona a los solicitantes al menos 21 días, pero no más de 45, para prepararse para su audiencia (un objetivo razonable para todas las solicitudes de asilo).

La iniciativa también instruye al gobierno que priorice la adjudicación de peticiones nuevas de asilo durante “aumentos repentinos” en el número de solicitudes. Eso podría retrasar el procesamiento de peticiones existentes, pero es una estrategia sensata para desalentar a las personas sin peticiones válidas de hacer fila con la esperanza de que pasarán años antes de que cualquier persona juzgue el mérito de su petición.

La propuesta está muy concentrada en los mecanismos de la solicitud de asilo. No aborda los problemas económicos y políticos que impulsan a la gente a arriesgarse a hacer el recorrido a Estados Unidos ni ofrece caminos alternativos para ingresar al país de manera legal para quienes no cumplen con los requisitos para el asilo. Esos son defectos reales, comparables a construir una presa sin un desagüe.

La iniciativa tampoco aborda la tensión en las comunidades fronterizas donde los migrantes son liberados de custodia federal y en las comunidades de todo el país donde se establecen los migrantes.

En el año fiscal más reciente, el gobierno federal destinó 150 millones de dólares a rembolsar a los gobiernos locales y a las organizaciones sin fines de lucro que proporcionan ayuda a los migrantes. Eso es insuficiente; tan solo la ciudad fronteriza de El Paso en Texas está rumbo a gastar 89 millones de dólares en un año para brindar servicios a migrantes. California ha gastado 900 millones de dólares en los últimos tres años. En una evaluación de 2016, las academias nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina concluyeron que la inmigración impone costos significativos a corto plazo a los gobiernos locales, pero que los hijos de inmigrantes “están entre los contribuyentes fiscales y económicos más sólidos de la población estadounidense”. En otras palabras, la inmigración es una inversión en el futuro de Estados Unidos, pero alguien todavía tiene que cubrir los costos iniciales.

California se coordina de manera cercana con las autoridades federales y organizaciones sin fines de lucro para encontrarse con los migrantes cuando son liberados de custodia, para brindarles atención médica y refugio temporal, así como ayudarles a conectar con amistades y familiares. Esfuerzos similares son necesarios en otros estados, en especial en Texas, donde el número de migrantes ha sido varias veces mayor y donde el gobierno estatal ha brindado poca ayuda.

No obstante, a pesar de todos los problemas que la propuesta de ley de protección fronteriza no aborda, aún brinda un marco de referencia para un progreso sustancial. Además, su enfoque estrecho podría ser una virtud política. Los esfuerzos para crear reformas extensas a la ley migratoria han sido en vano y el legado polarizante de la retórica y las políticas xenófobas del gobierno de Donald Trump han dificultado cualquier avance en materia de inmigración.

Los proponentes en el Senado, los republicanos John Cornyn de Texas y Thom Tillis de Carolina del Norte y las demócratas Kyrsten Sinema de Arizona y Maggie Hassan de Nuevo Hampshire, desafiaron las posiciones de sus propios partidos al presentar el proyecto de ley el año pasado. Muchos republicanos quieren dificultar aún más la solicitud de asilo; muchos demócratas insisten en que cualquier reforma a las reglas de inmigración debe incluir ayuda para aquellos que ya están en Estados Unidos.

Ganar un apoyo más generalizado requerirá mayor compromiso y valor. Pero sin importar los resultados de las elecciones de medio mandato, el Congreso tiene una oportunidad real de comenzar el proyecto crucial de reparar el sistema de inmigración de la nación al renovar el proceso de asilo.