Hace 50 años, un sangriento golpe de Estado acabó con la democracia en Chile

Por The New York Times | Pascale Bonnefoy

Este lunes 11 de septiembre, hace 50 años, un violento golpe de Estado acabó con una de las democracias más estables de América Latina, puso fin de manera abrupta a la tradición de las fuerzas militares chilenas de no involucrarse en la política y marcó el comienzo de una dictadura despiadada de 17 años.

Salvador Allende, el presidente socialista de Chile, se había embarcado en una agenda ambiciosa que incluyó la nacionalización de la industria de cobre, la redistribución de tierras y el control estatal sobre otras industrias estratégicas y los bancos.

A medida que la economía se salía de control y la polarización política alimentaba una violencia cada vez mayor, empresarios, políticos conservadores, profesionales y algunos grupos de comercio presionaron para que se realizara una intervención militar.

La conspiración civil y militar para derrocar el gobierno de Allende, con la ayuda del financiamiento y las operaciones encubiertas de la CIA para desestabilizar el país, culminó en un sangriento golpe de Estado, del tipo del que los chilenos, a diferencia de otros países latinoamericanos, nunca habían experimentado.

Décadas después, la izquierda y la derecha siguen culpándose mutuamente por el colapso de la democracia. Lejos de las promesas de “¡nunca más!” pronunciadas por algunos líderes militares, algunos desde la derecha justifican el golpe y le restan importancia a las violaciones de derechos humanos que le siguieron. Este mes, líderes de la oposición de derecha se negaron a firmar un compromiso con la democracia organizado por el gobierno y rechazaron participar en los eventos oficiales del aniversario.

El 11 de septiembre de 1973, Allende se negó a abandonar el palacio presidencial, a pesar de las amenazas de la fuerza aérea de que lo bombardearía si no se rendía. Las fuerzas armadas y la policía ya tenían el control del centro de Santiago, la capital. La marina había puesto en marcha el golpe de Estado temprano esa mañana en el puerto costero de Valparaíso, mientras que la fuerza aérea soltó misiles sobre un puñado de estaciones de radio de izquierda en Santiago.

Ya para el mediodía se había bombardeado al Palacio de La Moneda, y el fuego resultante se propagó rápidamente por sus pisos, techos y vigas de madera.

Decenas de asesores, médicos, ministros de gobierno, secretarios, detectives, guardaespaldas personales y dos de las hijas de Allende permanecieron a su lado. Algunos miembros del gabinete salieron a pie para negociar con los militares y fueron arrestados. Allende consiguió una breve tregua para permitir que algunas personas salieran. Los guardaespaldas del presidente y el propio Allende intentaron repeler el levantamiento, pero fue claramente inútil.

Allende, médico de formación pero político de carrera y miembro del Congreso durante 25 años, fue elegido democráticamente en 1970. La mañana del golpe, antes de que la última estación de radio leal al presidente fuera silenciada, pronunció una sombría despedida: “Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que, por lo menos, habrá una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición”.

Posteriormente, cientos de funcionarios gubernamentales, líderes políticos y militantes de izquierda locales fueron enviados a la Isla Dawson, un lugar remoto en el estrecho de Magallanes, donde fueron sometidos a trabajos forzados y torturas.

Militares y agentes policiales de alto rango llevaban meses conspirando para derrocar al presidente, pero el general Augusto Pinochet se unió a la conspiración apenas dos días antes.

Pinochet había ascendido a comandante en jefe del ejército semanas antes, remplazando al general Carlos Prats, conocido por su cumplimiento a la Constitución y que se vio obligado a dimitir. Pinochet, quien se había reservado sus opiniones políticas, también era considerado un oficial “constitucionalista” y contaba con el apoyo de Allende.

Según una investigación judicial, en septiembre de 1974, bajo las órdenes de Pinochet, la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), asesinó a Prats y su esposa tras colocar una bomba bajo su auto en Buenos Aires, Argentina, donde se había ido al exilio.

Aunque la junta militar había acordado rotar su liderazgo, comenzando con Pinochet, en 1974 este se ascendió al rango, hasta ese momento inexistente, de “capitán general”, y se proclamó el líder supremo de la nación y presidente de la república.

Durante casi 17 años, Pinochet concentró todo el poder político y militar y fue, en última instancia, responsable de las violaciones generalizadas de derechos humanos desatadas por las fuerzas armadas y las agencias clandestinas de inteligencia bajo su control.

Más de 2000 disidentes murieron bajo tortura, fueron ejecutados o asesinados por otros medios, y casi 1500 fueron desaparecidos, según informes emitidos por el gobierno de Chile.

La mayoría de las muertes o desapariciones de simpatizantes de Allende se produjeron en los meses siguientes a su derrocamiento, pero la represión política continuó hasta el fin del régimen militar. En agosto, el presidente actual de Chile, Gabriel Boric, político de izquierda y admirador de Allende, autorizó un plan para buscar a las 1469 personas que siguen desaparecidas.

Aunque no hay evidencia de una participación directa estadounidense en el golpe de Estado, el gobierno de Nixon se aseguró de “crear un clima golpista” apenas Allende ganó la presidencia el 4 de septiembre de 1970, según documentos desclasificados de Estados Unidos.

Once días después, el presidente Richard M. Nixon se reunió con Richard Helms, el director de la CIA, y le ordenó a la agencia ejecutar operaciones encubiertas para impedir la toma de posesión de Allende.

Notas escritas a mano por Helms de esa reunión revelaron las instrucciones del presidente: “Una posibilidad entre 10, tal vez, pero salvemos a Chile”; “no hay riesgos involucrados preocupantes”; “trabajo de tiempo completo: los mejores hombres que tengamos”; “10 millones disponibles, más si es necesario”; “Hacer chillar a la economía”.

El plan involucraba una campaña propagandística, el soborno de varios miembros del Congreso y la instigación de un golpe militar.

Al consejero de Seguridad Nacional de Nixon, Henry Kissinger, le preocupaba que la coalición de izquierda y la plataforma socialista de Allende se convirtiera en un modelo para otros países en la región, así como para Europa.

El gobierno de Nixon desplegó una variedad de políticas y operaciones encubiertas para maximizar la presión sobre el gobierno chileno. Esto incluyó una campaña mediática de propaganda antigubernamental financiada por la CIA; bloquear préstamos a Chile de instituciones financieras multilaterales; ofrecer financiación secreta para fomentar huelgas, y asegurarle al ejército chileno que contaría con el pleno apoyo de Estados Unidos en caso de que intentara derrocar a Allende.

Con la capital firmemente bajo control militar, Allende ordenó que todos los que quedaban en La Moneda se rindieran. Él se quedó y se disparó a sí mismo minutos después.

Durante décadas, muchos en la izquierda de Chile y de toda América Latina afirmaron que los militares lo habían asesinado, a pesar de los testimonios de testigos y del hecho de que los soldados aun no habían irrumpido en el edificio. Una investigación judicial, que llevó a la exhumación de sus restos en 2011, llegó a la conclusión de que el presidente se quitó la vida.

Con el Congreso cerrado, la legislatura y la Constitución, vigentes desde 1925, fueron remplazadas por un conjunto de decretos y leyes diseñados y aprobados por la junta militar, incluidas al menos 150 leyes secretas, muchas de las cuales autorizaban la asignación de millones de dólares a las fuerzas militares.

No se permitió la celebración de elecciones y toda la sociedad chilena fue militarizada: los oficiales o civiles projunta se terminarían convirtiendo en alcaldes, rectores universitarios, miembros del gabinete y legisladores no electos por votación.

En 1980, unas elecciones fraudulentas aprobaron una constitución autoritaria que le dio a Pinochet otros ocho años en el poder y estableció las condiciones para la transición de Chile hacia una democracia. Hoy, un consejo constitucional controlado por la derecha está sopesando un proyecto para remplazar la Constitución, el cual será sometido a votación en diciembre.

Cerca de 200.000 chilenos fueron forzados al exilio, y una de las misiones de la DINA, la agencia de inteligencia, fue infiltrar a las comunidades exiliadas y neutralizar a los líderes de oposición.

La agencia organizó un notorio programa conocido como Plan Cóndor, el cual coordinó los servicios de inteligencia de los países sudamericanos bajo regímenes militares para facilitar el intercambio de información y prisioneros y proporcionar apoyo a los planes de asesinato contra rivales en varios continentes.

En 1976, la DINA, con colaboración de otros países del Plan Cóndor, utilizó un coche bomba para asesinar al exembajador de Chile en Estados Unidos, Orlando Letelier, en Washington. Una estadounidense, Ronni Moffitt, también falleció como resultado de la explosión.

Decenas de miles de hombres y mujeres fueron arrestados durante los primeros meses posteriores al golpe de Estado y retenidos en centros masivos de detención por todo el país, incluido el Estadio Nacional en la capital.

La junta militar exhortó a la población a denunciar a cualquier extranjero sospechoso, y miles de ellos, principalmente refugiados políticos latinoamericanos que habían huido de sus propias dictaduras, fueron detenidos.

Según registros oficiales, se establecieron alrededor de 1200 centros clandestinos de detención y tortura en todo Chile, donde más de 40.000 personas fueron torturadas.

Se suspendieron las libertades políticas y civiles, se ilegalizaron los partidos políticos y sindicatos y se impuso un estado de sitio y un estricto toque de queda. Los medios de comunicación de oposición fueron prohibidos o censurados, la disidencia fue severamente castigada y los libros y otras publicaciones consideradas de izquierda o subversivas fueron destruidos.

Se cerraron los departamentos de artes liberales y ciencias sociales de las universidades y a los profesores y estudiantes de tendencia de izquierda se les expulsó, detuvo o asesinó.

Pinochet renunció al cargo de comandante en jefe del ejército en 1998 y fue arrestado en Londres, a la espera de una solicitud de extradición de España, donde estaba siendo investigado por el asesinato de ciudadanos españoles en Chile. El Reino Unido permitió su regreso a Chile por razones humanitarias.

Para el momento de su muerte en 2006 a los 91 años, Pinochet, su esposa e hijos estaban siendo investigados por cargos de fraude y corrupción.

Pinochet fue imputado de cargos relacionados con crímenes de alto perfil contra los derechos humanos, pero nunca fue condenado. Hoy en día, unos 270 oficiales militares y agentes cumplen condenas por delitos contra los derechos humanos. Coups D'Etat and Attempted Coups D'Etat Human Rights and Human Rights Violations Democracy (Theory and Philosophy) Operation Condor Project Democracy Central Intelligence Agency Allende, Salvador Pinochet Ugarte, Augusto Chile