El sindicato de la Guardia Republicana realizó una denuncia pública por la situación de un sargento de la unidad que, según afirmó, fue amenazado de muerte por personas privadas de libertad desde la Unidad 3, ex Penal de Libertad.

De acuerdo con el comunicado difundido por el gremio, las amenazas quedaron registradas en un documento firmado por varios internos y constan en actas oficiales y expedientes administrativos. El caso, aseguran, fue conocido por las autoridades en febrero del año pasado, aunque el funcionario continuó cumpliendo tareas en el mismo destino durante varios meses.

Según la versión del sindicato, el traslado del efectivo se concretó recién cerca de diez meses después y no se adoptaron medidas de protección adecuadas ni se promovió una denuncia institucional. Además, señalan que no existió un respaldo efectivo por parte del comando.

El sindicato también advirtió sobre fallas en la comunicación entre el Comando de la Guardia Republicana y el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), lo que, a su entender, afectó la seguridad del personal. En ese marco, apuntaron a problemas de planificación operativa y falta de personal en jornadas de visita como factores que derivaron en la situación.

En cuanto a la situación laboral posterior del sargento, el sindicato indicó que se dispusieron cambios de unidad, horario y turno sin una justificación clara, lo que —según sostienen— agrava el caso al tratarse de un dirigente sindical activo.

Desde la organización señalaron que el funcionario permanece expuesto a riesgos, cuestionaron la falta de respuesta oportuna de las autoridades y advirtieron sobre una pérdida de confianza en la estructura de mando en lo relativo a su seguridad.

Finalmente, el gremio responsabilizó a las autoridades de la Guardia Republicana y del Ministerio del Interior por eventuales consecuencias y reclamó la adopción inmediata de medidas de protección, una investigación administrativa urgente y garantías para el ejercicio de la actividad sindical.