El diputado colorado Gabriel Gurméndez, quien recientemente presentó un proyecto de ley para promover la transparencia en el manejo de dinero de los sindicatos, solicitó varios informes para conocer “la magnitud económica” de la cuota sindical en el sector público. 

Las irregularidades en la Federación Uruguaya de la Salud (FUS), que derivaron en la expulsión del dirigente Jorge Fogata Bermúdez, y el desvío de fondos del Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción (Fosvoc), que ha generado condenas y sigue bajo investigación, han puesto nuevamente en el centro de la atención los fondos que manejan los sindicatos.

Según los datos obtenidos a partir de los informes solicitados por Gurméndez, en mayo de este año se retuvieron más de $ 41 millones (unos US$ 1 millón) en cuotas sindicales de los salarios de los trabajadores. En total, el informe incluyó datos de 58% de los funcionarios públicos, ya que algunos ministerios no respondieron a la solicitud de información.

Entre los ministerios y organismos relevados, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) —que incluye Primaria, Secundaria, UTU y el Consejo de Formación en Educación— transfirió unos $ 12,9 millones (US$ 309.697) a los sindicatos, derivados de la cuota de 24.022 afiliados. 

Además, se reveló que en muchos casos los pagos se hicieron directamente a cuentas bancarias de personas físicas, generalmente tesoreros de gremios con poca cantidad de afiliados, y hubo un caso de pago en efectivo a gremios de la Dirección Nacional de Casinos.

La información que se obtuvo también incluyó datos de ministerios como Salud Pública, Educación y Cultura, Economía, así como varios organismos descentralizados como la Universidad de la República (Udelar), el Banco de Previsión Social (BPS) y Antel. 

Por ejemplo, el MSP transfirió unos $ 8,2 millones (195.688 dólares) a la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), mientras que la Udelar, con 12.809 trabajadores afiliados, giró alrededor de $ 5 millones (121.877 dólares).

A pesar de los informes obtenidos de varios organismos, el Ministerio del Interior, ANCAP y UTE no respondieron a las solicitudes, mientras que el Banco República (Brou) y el Banco de Seguros del Estado (BSE) se ampararon en la ley de protección de datos personales, algo que, según Gurméndez, no debería aplicar en este caso.

“Es una cifra importante. Lo que perseguían los pedidos de informes era tratar de dimensionar la magnitud de los recursos que se manejan y la necesidad de que haya un mínimo de transparencia sindical. [Marcelo] Abdala dijo que el proyecto era ‘un desastre’ y ‘antisindical’; de alguna manera, pretendo contestar a esa crítica”, dijo el legislador en diálogo con Montevideo Portal.