Gremiales piden que 110.000 recibidos aporten para salvar la Caja de Profesionales

Nueve gremiales de profesionales universitarios elevaron una propuesta al Parlamento este lunes para revertir la crisis financiera que atraviesa la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU).

En el documento, al que accedió Montevideo Portal, se rechaza el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo y plantean una alternativa que incluye aumentar los timbres profesionales un 70% e incorporar a más de 110.000 profesionales dependientes como nuevos aportantes.

El acuerdo intergremial fue enviado a la Comisión de la Caja en la Cámara de Representantes y también dirigido al presidente de la República y al Parlamento en su conjunto. Entre los firmantes se encuentran el Colegio de Contadores y Economistas, la Sociedad de Arquitectos, la Federación Médica del Interior y la Asociación Odontológica Uruguaya, entre otros.

Uno de los principales reclamos es el rechazo al proyecto del Ejecutivo, por considerar que “afecta severamente en forma negativa a profesionales activos y pasivos” y “no ataca las verdaderas causas que originan la crisis”.

La propuesta alternativa tiene tres pilares

El primero es la modificación del artículo 71 de la Ley 17738 para que el valor de los timbres profesionales se actualice por el índice medio de salarios, en lugar del índice de precios al consumo. Además, solicitan un ajuste inmediato del 70% para abatir el “descalce acumulado”.

El segundo es ampliar la base de aportantes, incorporando a todos los profesionales universitarios dependientes que actualmente tributan al BPS o a otras cajas, pero no a la CJPPU. Según estimaciones del acuerdo, si 28.000 de esos 110.000 dependientes pasaran a aportar a la Caja, se resolvería su déficit financiero.

La tercera medida es un pedido directo al Estado: aportar desde Rentas Generales para cubrir jubilaciones y pensiones en el corto plazo, en cumplimiento del artículo 67 de la Constitución. Las gremiales recuerdan que, históricamente, la CJPPU nunca ha recibido apoyo financiero del Estado, y que incluso ha transferido fondos al sistema general de seguridad social desde la creación del IASS.

Finalmente, los firmantes destacan que las propuestas presentadas podrían aplicarse de inmediato y sin requerir recursos públicos adicionales, excepto en la etapa transitoria, hasta que se incorporen nuevos aportantes. Sostienen, además, que las medidas son comparables a las adoptadas anteriormente para salvar a otras cajas como la bancaria.

El debate por la sostenibilidad de la CJPPU continúa abierto en el Parlamento. Las gremiales presionan para que se escuchen sus planteos antes de votar un proyecto que, según advierten, “profundizaría la crisis” del sistema.

Por otro lado, el presidente de la Caja de Profesionales, Daniel Alza, concurrió este lunes al Parlamento junto al equipo técnico de la institución para participar de una nueva reunión con la comisión especial de Diputados que analiza la situación de la CJPPU.

Según explicó, el encuentro sirvió para aclarar dudas técnicas sobre el proyecto de reforma enviado por el Poder Ejecutivo. “Los diputados querían saber qué pasaría si se mueve tal o cual parámetro frente a distintos escenarios”, explicó Alza. La Caja se comprometió a entregar esa información complementaria en el correr de la jornada.

El presidente se mostró optimista respecto a un acuerdo político para votar una salida urgente. “Somos optimistas en que Diputados va a encontrar una solución consensuada y se va a poder votar a la brevedad”, señaló. Según dijo, las consultas de los legisladores apuntan a encontrar un punto medio que permita avanzar con el texto en comisión y pasarlo al Senado.

Consultado sobre algunas de las propuestas alternativas, como la de obligar a aportar a quienes hoy figuran en “no ejercicio”, Alza respondió que no es viable para el corto plazo. “La Caja necesita tener una nueva ley a partir del 1° de junio. Esos estudios pueden ser considerados en otra oportunidad”, afirmó.

También respondió a las críticas sobre la necesidad de apoyo estatal. “Nos preguntan por qué la sociedad debería financiar el déficit de la Caja. Pero los profesionales jubilados estamos subsidiando al BPS con el impuesto IASS. También estamos aportando a otros sistemas de forma indirecta”, sostuvo.

Alza recordó que la institución viene reclamando una solución desde hace años, tanto con el gobierno anterior como con el actual. Y fue claro respecto a los plazos: “La Caja tiene fondos para pagar las prestaciones de junio, pero hará falta dinero para pagar en julio. Por lo tanto, sí o sí hay que buscar una solución antes del 31 de mayo”, advirtió.

De todos modos, transmitió tranquilidad a los jubilados, al asegurar que el Poder Ejecutivo se comprometió a garantizar los pagos.