El pasado jueves, el diputado frenteamplista Federico Preve presentó un proyecto de ley que plantea la creación de un servicio de atención en salud pública de carácter transitorio y obligatorio para médicos especialistas y otros profesionales de la salud que finalicen su formación, con el objetivo de mejorar el acceso a la atención en todo el país.
La medida, que establece que quienes culminen estudios de grado, posgrado o especialización deberán trabajar obligatoriamente por dos años en el sistema público de salud, suscitó críticas de varios especialistas, entre ellos, catedráticos.
Sobre este último grupo, el profesor titular catedrático de cirugía torácica Gerardo Bruno publicó una carta este lunes en la que reclamó que los cambios propuestos son “coercitivos, simplificadores e institucionalmente regresivos”, y que, en vez de ser una “fortaleza institucional”, muestran una “insuficiencia conceptual, organizacional y política”.
En el texto, el grado 5 sostuvo que la propuesta es un “castigo a la libertad” que busca “corregir una desigualdad creando otra”.
“La desigualdad territorial en el acceso a especialistas constituye uno de los múltiples problemas del sistema de salud uruguayo, en particular dentro de ASSE y del Sistema Nacional Integrado de Salud. Es, sin duda, una arista real, persistente, compleja y moralmente relevante, aunque no la única”, precisó, y sostuvo que “nadie que conozca con seriedad la organización sanitaria del país” puede negar que existen dificultades de acceso público a la salud especializada en el interior.
No obstante, Bruno subrayó que “no toda medida que invoque la equidad es por sí misma justa”. En ese sentido, apuntó que el proyecto de Preve “desconoce la libertad profesional, minimiza los aportes ya realizados por los médicos a la sociedad” y crea “una herramienta más visible que correcta”.
“No parece legítimo corregir una falla estructural del sistema trasladando compulsivamente el costo a un solo grupo profesional”, afirmó, y planteó que la carga recae sobre quienes “recién culminan una formación larga, exigente y altamente especializada”. A su entender, el problema no es solo sanitario, sino también institucional.
El catedrático también puso el foco en el impacto personal de la medida y señaló que quienes terminan su formación suelen tener entre 30 y 40 años, con familias, responsabilidades económicas y arraigo territorial. “Obligar a ese profesional a desplazarse durante dos años no significa mover una pieza en un organigrama: significa alterar una biografía concreta”, escribió.
A su vez, cuestionó la efectividad de la propuesta en términos asistenciales. “De poco sirve enviar un especialista a un lugar donde no hay block adecuado, CTI, imagenología suficiente ni red de derivación”, sostuvo, y agregó que la calidad no depende solo del médico, sino de la infraestructura y la organización clínica.
Bruno también señaló que, “en muchos casos, el problema no es la ausencia absoluta de especialistas en el interior, sino su desigual inserción entre el subsector privado y el subsector público”. De acuerdo con esto, sostuvo que el sistema público no logra atraer a profesionales que ya están radicados en el territorio.
“El arraigo no se impone: se construye”, afirmó, en referencia a las críticas del expresidente del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), Julio Trostchansky. En ese sentido, sostuvo que la solución pasa por cargos atractivos, mejores condiciones de trabajo y redes asistenciales funcionales. “La coerción puede mover personas, pero no construye sistemas”, resumió.
El texto también cuestiona el argumento de la devolución a la sociedad, y Bruno marcó que “los médicos no comienzan a aportar recién después del egreso”, sino que durante su formación ya cumplen funciones asistenciales y realizan aportes como el Fondo de Solidaridad.
Hacia el final, el catedrático advirtió que “cuando el Estado comienza a decidir dónde debe trabajar un profesional por el solo hecho de haber estudiado, se ingresa en una lógica peligrosa”, y concluyó que el interior requiere un sistema capaz de atraer y sostener especialistas.
¿Qué dice el proyecto?
El proyecto de Preve plantea que el servicio obligatorio tenga una duración de dos años, con una carga horaria semanal de entre 4 y 16 horas, según la reglamentación. Los profesionales trabajarían en organismos públicos como ASSE, Sanidad Militar, Sanidad Policial y el Hospital de Clínicas.
El texto establece que habrá una remuneración acorde a los laudos vigentes, proporcional a las horas trabajadas, pero también prevé sanciones. En caso de incumplimiento, el Ministerio de Salud Pública podría no registrar ni habilitar el título profesional hasta que se cumpla con la obligación.
La iniciativa no alcanzará a quienes ya hayan finalizado su formación antes de su eventual aprobación. Para quienes están cursando actualmente la adhesión sería voluntaria, mientras que pasaría a ser obligatoria para quienes inicien su formación una vez que la norma entre en vigencia.
Carta pu´blica sobre obligatoriedad de trabajo interior by Montevideo Portal