En la sesión de la Comisión Especial Bicameral para la elección del nuevo Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) que se lleva a cabo desde las 10:30, el diputado nacionalista Rodrigo Goñi anunció que hará un planteo para rechazar expresiones vertidas en un reciente informe del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas.
En su cuenta de Twitter, el legislador oficialista escribió: “Rechazamos toda intromisión dirigida a desacreditar el proceso de elección del Consejo Directivo del @INDDHH_Uy. Hoy haremos planteo en Comisión Bicameral ante expresiones realizadas por el Grupo de Trabajo de @ONU_es que implican una presión indebida al Parlamento”.
Rechazamos toda intromisión dirigida a desacreditar el proceso de elección del Consejo Directivo del @INDDHH_Uy Hoy haremos planteo en Comisión Especial ante expresiones realizadas por Grupo de Trabajo de @ONU_es que configuran una presión indebida al Parlamento del Uruguay
— Rodrigo Goñi Reyes (@DipRodrigoGoni) July 25, 2022
Goñi precisó que como integrante de la Comisión Especial designada por la Asamblea General considera una “injerencia inadmisible las referidas expresiones que pretenden cuestionar la soberanía del Poder Legislativo para elegir el nuevo Consejo del INDDHH” al señalar la posible “intención de ciertos sectores políticos del país de querer controlar y politizar la Institución mediante la elección de un nuevo Consejo Directivo”.
Falta esclarecimiento
Semanas atrás, el grupo formado por expertos independientes y honorarios elegidos por el Consejo de Derechos Humanos visitó Uruguay con el objetivo de obtener información de “primera mano” sobre la situación relacionada con las desapariciones forzadas en el país, así como también analizar el marco institucional y legislativo vigente.
Entre las conclusiones de la investigación apuntan que “hasta el momento no se ha hecho en el Uruguay un ejercicio amplio de esclarecimiento y reconstrucción de la verdad en relación con las desapariciones forzadas que ocurrieron, además de otras agresiones a derechos humanos, en el período entre 1968 y 1985”, dijo Luciano Hazan, presidente del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de Naciones Unidas.
Asimismo, mencionó que tras las entrevistas con víctimas e instituciones de desaparición forzada han planteado a las autoridades del Estado que “de alguna manera todavía no se ha hecho suficiente”.
En este sentido, Hazan insistió en que la búsqueda “urgente” es el corazón del derecho de la verdad, pero que “no es todo el contenido”. El “conocimiento de las circunstancias en las que ocurrieron las desapariciones” implica también el derecho colectivo, así como también la “posibilidad de que se conozcan los resultados y la evolución de las investigaciones”. El contenido es “más amplio que la búsqueda de las personas desaparecidas”, aseveró.
En tanto, reconoció que la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo recibió recursos humanos, financieros y tecnológicos, aunque “no siempre son o han sido suficientes en relación con la urgencia y el tamaño de la tarea que se debe emprender y el tiempo que las familias han esperado para tener respuestas”. Repitió: “La mayoría de las familias en Uruguay no han tenido respuesta en relación con el paradero de sus seres queridos”.
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