Gobierno venderá un edificio abandonado que iba a ser sede de un ministerio: los detalles

El Poder Ejecutivo autorizó este lunes una licitación pública internacional para vender un inmueble de su propiedad ubicado en la esquina de Cerrito y Zabala, en el barrio Ciudad Vieja de Montevideo. La resolución, firmada por el presidente Yamandú Orsi, habilita al Ministerio de Turismo a llevar adelante el proceso de venta.

El edificio, conocido como “Edificio Banco de Londres”, fue adquirido por el Ministerio de Turismo en 2017 por US$ 1,5 millones a través de una compraventa con el banco Lloyds. Tiene cinco plantas y una superficie de más de 4.190 metros cuadrados, distribuidos entre dos subsuelos, planta baja, dos pisos superiores y azotea. Actualmente se encuentra vacío y sin ocupantes.

En diciembre de 2023, durante el gobierno anterior, el Poder Ejecutivo ya había declarado el inmueble como prescindible para el Estado y dispuesto su enajenación mediante licitación pública. La resolución de este lunes concreta ese mandato y aprueba el pliego de condiciones que regirá el llamado.

Según detalla el documento, el precio base de la venta será el 85% del valor venal del inmueble, y las ofertas deberán presentarse en dólares y al contado. El llamado es internacional, por lo que pueden participar personas físicas y jurídicas de cualquier país, aunque deberán constituir domicilio legal en Montevideo. Las bases pueden consultarse gratuitamente en el portal de compras estatales y adquirirse por un costo de US$ 1.000.

Las propuestas tendrán una validez de 120 días desde la apertura de ofertas, y quien resulte adjudicatario deberá depositar una seña equivalente al 10% del precio ofertado. Una vez firmada la promesa de compraventa, el plazo máximo para escriturar es de 90 días.

El destino del inmueble, de acuerdo con el reglamento de copropiedad del edificio, queda restringido a uso bancario, escritorios, oficinas o sedes de instituciones diplomáticas, consulares, sociales o culturales. Queda expresamente prohibido destinarlo a vivienda o actividades industriales.

La adjudicación final quedará en manos del Poder Ejecutivo, no del Ministerio de Turismo, que solo tramitará el procedimiento licitatorio. El llamado se adjudicará a la propuesta que ofrezca el precio más alto.