El presidente de la República, Yamandú Orsi, anunció en conferencia de prensa que el gobierno rescindirá el contrato con Cardama y presentó denuncias penales y civiles ante la Justicia debido a que hay “fuertes indicios” de que la compra de dos patrullas oceánicas por la administración de Luis Lacalle Pou por US$ 92 millones sea un “fraude” o una “estafa”.

El mandatario calificó la situación como un hecho de “gravedad”, por el que decidió iniciar acciones para rescindir el contrato de la empresa Cardama y firmó una resolución el pasado lunes 21 de octubre, según anunciaron en conferencia de prensa junto al secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el prosecretario Jorge Díaz.

Desde el gobierno informaron que, en una primera instancia, el Estado uruguayo había acordado que Cardama debía presentar una garantía de fiel cumplimiento en un plazo de 45 días de firmado el contrato, que equivalía al 5% total de la obra. Sin embargo, la empresa española no cumplió con lo establecido y solicitó “sucesivas prórrogas”, que derivaron en un “largo procedimiento”.

Según Díaz, el Ministerio de Defensa Nacional de ese momento, que lideraba Javier García, pidió asesoramiento al Banco Central, que aconsejó “no llevar esas garantías y sugirió la contratación de un estudio jurídico y un corredor de seguros“. La cartera solo contrató al estudio Delpiazzo, dijo el prosecretario.

El plazo para presentar las garantías venció y Cardama no presentó ningún tipo de documento. Una vez que el tiempo expiró, el astillero envió una garantía en inglés, que estaba sin apostillar y sin traducir, de una supuesta empresa llamada Eurocommerce Limitada, que el actual embajador uruguayo en Reino Unido, Luis Bermúdez, constató que en Londres había falsificado la dirección de su sede.

Ante esa notificación, el gobierno contrató a un estudio jurídico inglés, que en 24 horas constató que la gaceta oficial del Reino Unido había anunciado que la empresa que brindaría la garantía a Cardama estaba en proceso de liquidación desde el 19 de agosto de 2025. 

El único director de la empresa es un ciudadano ruso que vive en Rusia; además, tuvo un solo empleado en 2022, 2023 y 2024, dijo Díaz. Ante esta situación, Orsi pidió investigaciones administrativas en el Ministerio de Defensa Nacional, en el BROU y en el Ministerio de Economía y Finanzas. En total, el Estado uruguayo otorgó un total de US$ 30 millones a la empresa, que fue seleccionada por garantizar la primera construcción de una OPV en 18 meses.

“No se tomaron los recaudos por parte de la administración pública para comprobar que la empresa que ofrece esta garantía tuviera la capacidad de hacer frente a esta situación. Este es el problema al que estamos enfrentados”, dijo el secretario de Presidencia.

Orsi dijo que el gobierno actual no se comunicó con las autoridades del gobierno de Lacalle Pou, aunque sostuvo que lo hará en caso de ser necesario. El presidente recordó que durante la transición de las administraciones del Frente Amplio y la coalición republicana hubo contacto y Cardama visitó Uruguay. El mandatario afirmó que el Estado “hará lo que sabe hacer, que es cumplir con los contratos”.

Cómo se gestó el contrato del gobierno de Luis Lacalle Pou y Cardama

El 15 de diciembre de 2023, el gobierno de Luis Lacalle Pou anunció, a través del Ministerio de Defensa Nacional, el contrato de compra de dos buques de patrulla oceánica al astillero español Cardama por US$ 92 millones de dólares. Uno que la administración de Orsi no renovará.

Javier García, quien fuera ministro en aquel entonces, indicó que la firma supuso “terminar con un proceso de 20 años de frustraciones”, ya que en 2014 el Senado uruguayo ya había aprobado unánimemente una declaración en favor de la compra de los buques, necesarios para el funcionamiento de la Armada uruguaya.

“Le van a permitir cumplir con su función, que no es para beneficio de la Armada; la Armada es la institución del Estado a la que le corresponde legalmente y esencialmente esta tarea para beneficio del país, porque cuidar los recursos naturales es cuidar riqueza y trabajo de los uruguayos”, expresó el entonces jerarca.

Firmada la compra a Cardama, por la cual García fue convocado al Parlamento para dar explicaciones luego de que una empresa española enviara una carta de reclamo al Senado alegando un trato injusto con las demás empresas oferentes de buques de parte de Uruguay, García puntualizaba que la Armada iba a “poder cumplir con su misión”.

“Es un día que yo creo nos debe alegrar a todos”, acotó. García dijo que el propio embajador de España en Uruguay, Santiago Jiménez, asistió a la firma del contrato y reiteró su apoyo a Cardama, un astillero que, acotó, tiene 107 años de trayectoria.

Según dijo Jiménez al disertar en el evento de cierre del año de la Cámara Española Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Uruguay —al que asistió, además de García, el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou—, con esta compra España se convierte en el principal proveedor de material de defensa de Uruguay.

“Creo que es muy importante; primero, porque supone un voto de confianza en la industria de defensa española, y segundo también porque creo que va a aportar unas capacidades al Uruguay que son muy necesarias”, remarcó el embajador.

A fines de 2024, el ministro de Defensa, Armando Castaingdebat, había asegurado que la construcción de las dos patrullas oceánicas que el gobierno compró a Cardama por US$ 92 millones comenzó su “etapa final” y habló sobre la posibilidad de que el Frente Amplio no avance en la adquisición durante el próximo gobierno.

En primera instancia, el jerarca dijo que no es “abogado”, pero que considera que en el caso de que la administración de Yamandú Orsi no siguiera con el proyecto podría resultar en “un lindo juicio para el país”.

De este modo, el ministro destacó que el astillero español Cardama “cumplió 100%” con su contrato. “Esperaremos a conversar y la decisión de cada uno”, dijo en rueda de prensa.

“Si nosotros hubiéramos terminado este proceso la semana pasada, el depósito ya estaba hecho y había comenzado el proceso de construcción”, dijo Castaingdebat. Las declaraciones del ministro fueron en el marco de la llegada del buque ROU 22 Oyarvide, que la cartera costeó por su cuenta y tuvo un costo de US$ 3 millones.