El expresidente de la Jutep y asesor de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo en Uruguay (Senaclaft) Ricardo Gil Iribarne se refirió al caso de Álvaro Danza y a la resolución de la Jutep, que concluyó que “no existe incompatibilidad” en las actividades que el presidente de ASSE desempeña en instituciones privadas.

Según resaltó en entrevista con La Diaria Radio, el caso “es la crónica de una semimuerte anunciada”, dado que “lo que está viviendo el país es la culminación de un proceso en el que el sistema político no ha valorado la importancia que tiene hoy el generar confianza en la gente”.

En tal sentido, sostuvo que “la Jutep y los partidos [políticos] acentúan la desconfianza que hoy el ciudadano tiene en muchas instituciones”, y que eso “deriva en la desconfianza en la democracia”.

Según Gil Iribarne, con la resolución del caso Danza “se buscaron argumentos de ambas partes para respaldar posiciones tomadas a priori”, y que hay “cosas que son delito, cosas que están prohibidas y cosas que no están prohibidas, pero que no hay que hacer”. En este caso, el exjerarca se inclinó por el último punto: “Creo que en este caso hubo cosas que no están prohibidas, que no hay que hacer, que está mal hacerlas y que la Jutep tendría que haberlo dicho, pero no lo dijo la mayoría ni la minoría porque no les gusta a los partidos políticos, ya que les complica la vida”.

Según remarcó, para no entrar en suspicacias con la población, Danza debió “evitarlo y dar un paso al costado para que la ciudadanía se quede tranquila”, más allá de que “se armó un puterío político partidario”.

“Para el ciudadano, todo ese tipo de cosas genera dudas razonables. Frente a las dudas razonables, un jerarca público, la administración, el respectivo partido y el respectivo gobierno tienen que tomar medidas para devolverles la tranquilidad a los ciudadanos”, sentenció.