En su carácter de Jefe del Ejército, Gregorio "Goyo" Álvarez "no podía ignorar" la actuación de sus subordinados en Argentina, en lo que refiere a la desaparición de decenas de uruguayos en el vecino país.
Así lo afirma la fiscal Mirtha Guianze en su dictamen, en el cual solicita "se decrete el enjuiciamiento y prisión de Gregorio Conrado Álvarez Armellino, de Jorge Néstor Tróccoli y de Juan Carlos Larcebeau Aguirregaray en carácter de coautores (art. 61 del Código Penal) atribuyéndoles la comisión de reiterados delitos de desaparición forzada", según el documento difundido este jueves por el semanario Búsqueda y el diario El País.
El ex presidente de facto "no podía ignorar cómo funcionaba, por ejemplo, el establecimiento 'La Tablada' ni quienes operaban allí. Tampoco puede decir que no sabe lo que era la OCOA ni ignorar la actividad de sus subordinados en Argentina, Brasil, Chile y Paraguay", destaca el texto, destacando que Álvarez "sabía, asentía y ordenaba dentro de un plan general y es por eso posible atribuirle responsabilidad".
Guianze sostiene que "si (Álvarez) ignoraba eso, habría dado muestras de ineptitud total para el cargo, y Álvarez no era precisamente un inepto, sino un militar experimentado, al que se reconocía dentro de sus pares al punto de otorgarle cargos de máxima jerarquía. Como bien señalara otro militar que declaró en este expediente, en expresiones públicas, ningún militar podía salir del país a cumplir operaciones sin que su superior lo supiera y consintiera".
Por esta razón, su expresada ignorancia de los hechos "resulta insostenible".
Genocidio
La detención masiva de militantes de grupos de izquierda uruguayos en Argentina está probada "sin genero de dudas", así como "está plenamente acreditado que esas detenciones se produjeron en un contexto de extrema violencia y que luego fueron conducidos a centros de detención clandestinos o semiclandestinos, que en la jerga se denominaron 'Chupaderos' o 'Pozos'", destaca el texto recogido por El País.
Por este motivo, la fiscal avanza la posibilidad de que en el futuro el ex dictador pueda ser juzgado por la figura de genocidio. "Si todos los secuestrados en Argentina por fuerzas represivas están muertos, habría que entrar a analizar, en su momento, si no podemos ingresar en el concepto de genocidio", sostiene.
No obstante, la fiscal señala que "no es éste el momento procesal para profundizar ese análisis, aunque no puede dejar de precisarse que las desapariciones forzadas que se incriminan inicialmente, se dieron en el marco de prácticas genocidas, que incluyeron secuestros masivos, nacimiento de niños en condiciones infrahumanas, apropiación de las criaturas así nacidas quitándolas a sus madres y dándole otra identidad, tormentos aplicados en forma sistemática, traslados clandestinos de un territorio a otro, confinamiento y cercenamiento de todos los derechos, físicos y morales, violaciones, asesinatos en tortura, desaparición forzada de grupos enteros".
Guianze concluye que dada "la complejidad de los hechos y las dificultades probatorias suponen que la indagatoria deberá continuar".
El 5 a la tarde
El expediente del caso está en manos del juez Luis Charles, que citó para el próximo 5 de diciembre a Gregorio Álvarez, Jorge Tróccoli y Juan Carlos Larcebeau Aguirregaray.
El pedido de procesamiento por "desaparición forzada", que tiene prevista una pena de 2 a 25 años de penitenciaría, "es un delito de carácter permanente por lo que las desapariciones forzadas que se mantienen desde la dictadura militar se siguen cometiendo también en la actualidad".