Funcionarios de Salud Pública alertaron por cierre de centros de salud mental

El presidente de la Federación de Funcionarios de la Salud Pública (FFSP), Martín Pereyra, respaldó los cambios introducidos en la Ley de Salud Mental y advirtió que “no están dadas las condiciones” para avanzar en el cierre de centros asilares.

La modificación del artículo 38, incluida en el Presupuesto, extiende el plazo para el cierre de estos centros y elimina la prohibición de nuevas internaciones, lo que reavivó el debate sobre el modelo de atención.

Para Pereyra, la decisión “no es un retroceso”, sino una adecuación a la realidad actual. “Hoy no están dadas las condiciones materiales, institucionales ni sociales para el cierre de centros monovalentes ni para la prohibición de ingresos”, sostuvo.

El dirigente remarcó que el problema de fondo no es clausurar estructuras, sino transformar el sistema, y señaló que actualmente la red de salud mental está absorbiendo situaciones sociales que no tienen respuesta. En ese marco, indicó que unos 250 “pacientes sociales” permanecen internados en hospitales del sur por falta de alternativas habitacionales o de contención.

Según explicó, esto exige una mayor articulación con organismos como el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), ya que sin esa coordinación cualquier cierre o restricción de ingresos “es impracticable” y puede derivar en que personas queden en la calle, especialmente en invierno.

Pereyra también puso el foco en el Hospital Vilardebó, donde señaló que alrededor del 63% de los internados son pacientes judiciales, lo que evidencia problemas de coordinación entre el sistema de salud, la Justicia y las políticas sociales.

A esto se suma la falta de profesionales, en particular psiquiatras, tanto en Montevideo como en el interior. El dirigente sostuvo que esta carencia impacta directamente en la calidad de atención y afirmó que, pese a salarios de alta dedicación en Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) que pueden llegar a $371.000, persiste la negativa a trabajar en el sector público.

Ante este escenario, planteó la necesidad “urgente” de incorporar personal, incluso del exterior, como se hizo en el Hospital de Ojos.

“Insistir en cierres o prohibiciones sin alternativas solo agrava el problema”, advirtió, y concluyó que la salud mental en Uruguay “es una urgencia” que requiere inversión, planificación y respuestas inmediatas sin comprometer la atención actual.