Funcionarios de Cancillería rechazan recorte de embajadores políticos; plantean tope de 10

La Asociación de Funcionarios del Servicio Exterior del Uruguay (Afuseu) emitió un comunicado en el que rechaza un recorte propuesto por gobierno sobre el número de embajadores políticos que cumplen funciones en representación del país.

En el texto, difundido el pasado 3 de octubre, los trabajadores refieren al artículo 225 del proyecto de Ley de Presupuesto Nacional para este quinquenio, que versa sobre la reducción de “cargos políticos” en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

En el proyecto que envió el Ejecutivo al Parlamento, y que está a estudio de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados, se establece que “los cargos de embajador/a y ministro/a del Servicio Exterior de particular confianza […] no podrán exceder el total de diecisiete. Dicho número se reducirá a diez a partir del 1º de junio de 2030 y a cinco desde el 1º de junio de 2035”.

En respuesta, Afuseu valoró “el diálogo permanente y la acción” de la actual administración al incluir una de las propuestas que realizó el sindicato; no obstante, consideró “necesario establecer un límite máximo de 10 cargos desde el inicio, tal como fuera propuesto”. A su entender, esto garantiza “transparencia, estabilidad y profesionalización del Servicio Exterior”.

“Actualmente, Uruguay presenta una proporción potencial de ‘embajadores políticos’ del 35%, porcentaje considerablemente más alto que el de los países vecinos y otras democracias comparables”, indica Afuseu en el comunicado.

De esta manera, menciona como ejemplo a Brasil, que estableció los nombramientos políticos solo como excepciones “y que, según información reciente, ha designado 15 embajadores fuera de la carrera diplomática en 70 años”.

De acuerdo con los funcionarios sindicalizados, el alto porcentaje de “cargos políticos” en Uruguay “limita la movilidad y las oportunidades de ascenso de los funcionarios de carrera y afecta la imagen institucional del país”. “Dicho porcentaje resulta excesivo para un país que se enorgullece de la solidez de sus instituciones y de contar con un cuerpo diplomático altamente capacitado y profesional, al cual solo se accede mediante concursos de oposición y méritos, el mismo mecanismo que regula sus ascensos”, señalan en el texto.

En este sentido, el gremio propuso que la reducción de cargos políticos se consagre por ley, lo que asegura “un consenso y respaldo político amplio” y evita “cambios discrecionales por decreto”.

“La rica tradición democrática del Uruguay se apoya, en gran medida, en la fortaleza de sus partidos políticos y en la consolidación de una cultura cívica de profundo arraigo. Ello exige, a su vez, preservar y fortalecer las instituciones del Estado, evitando prácticas que puedan erosionar su credibilidad y afectar el reconocimiento a la función pública. La cifra actualmente vigente para cargos políticos resulta desproporcionada y genera un debilitamiento institucional y moral de una carrera de Estado que se caracteriza por su profesionalismo, mérito y compromiso con la nación”, finaliza el texto.