La bancada de senadores del Frente Amplio realizó una conferencia de prensa este martes luego del ingreso a la comisión de Constitución y Códigos del pedido de juicio político a la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, que fue aprobado por la Junta Departamental en octubre.
La senadora Liliam Kechichian afirmó que se trata de un hecho “absolutamente desproporcionado” y que afecta “el instituto del juicio político por el mal uso que se hizo”.
“Es un hecho que demuestra animosidad hacia la intendenta y hacia todos nosotros que no tiene precedente. Las figuras previstas para habilitar un juicio político son la de la violación de la Constitución o de delito, y ninguna de esas causales están comprendidas en este caso”, apuntó Kechichian, que destacó al igual que lo hizo Cosse la cantidad de respuestas a pedidos de informe realizadas por la Intendencia de Montevideo.
Por su parte, el senador del Partido Comunista Óscar Andrade dijo que desde el Frente Amplio se “está convocando a que el sistema político tenga capacidad de reacción”.
“A todo el sistema político. Estamos ante un atropello, que no es un atropello al Frente Amplio, que también lo es. No es solo un atropello a los montevideanos que en elecciones libres y democráticas votaron por la compañera Carolina Cosse. Es un atropello al Uruguay. Independientemente de las diferencias políticas de distintas tiendas, hemos colocado como un valor la fortaleza institucional. Y este caso en términos jurídicos es un despropósito. La interpretación de todos los constitucionalistas es unánime. A todas luces desde el punto de vista jurídico es una barbaridad que haya ingresado hoy a consideración del Senado un juicio de estas características. Y desde el punto de vista político es una enorme irresponsabilidad”, sostuvo Andrade, que reclamó se archive rápidamente la iniciativa.
En esta línea, Kechichian agregó que aspiran a que se le dé prioridad en la comisión y “se archive rápidamente como una buena señal a la sociedad”.
El artículo 102 de la Constitución establece que: “A la Cámara de Senadores corresponde abrir juicio público a los acusados por la Cámara de Representantes o la Junta Departamental, en su caso, y pronunciar sentencia al solo efecto de separarlos de sus cargos, por dos tercios de votos del total de sus componentes”.