La Fiscalía de Delitos Complejos y Económicos de primer turno, a cargo de Alejandro Machado, que investiga la causa contra la empresa ganadera Grupo Larrarte, se apresta a solicitar la disposición de medidas cautelares contra otras dos personas vinculadas con la compañía cuyo titular y propietario, Jairo Larrarte, se encuentra privado de su libertad de manera preventiva desde abril de este año investigado por estafa, informó el periodista Eduardo Preve y confirmó Montevideo Portal.
La jueza Marcela Vargas citó a “los ministros públicos [fiscales], los señores defensores de las víctimas, a los señores defensores de los imputados” y a “los señores Rafael Vinzia y Marcos Ledesma”, estos últimos contadores de la empresa y pareja de Larrarte, respectivamente, a una audiencia a celebrarse este jueves 28 de agosto.
“Las defensas de víctimas fuimos notificadas por el juzgado de garantías de la fijación de una audiencia solicitada por la Fiscalía para el próximo jueves a las 14:30 horas, a los efectos de la petición de medidas limitativas previstas en el artículo 221 y 222 del Código del Proceso Penal”, indicó a Montevideo Portal Santiago Alonso, uno de los abogados defensores de los damnificados.
Asimismo, Alonso admitió que “corresponde que se convoque a audiencia para que las partes debatan la imposición o no de dichas medidas, y el juez resuelva conforme a derecho”.
De acuerdo con Preve, Machado pedirá en esa instancia que Vargas disponga que ambos entreguen sus pasaportes.
La Justicia investiga la comisión por parte de Jairo Larrarte de un delito continuado de estafa, un delito de apropiación indebida y un delito de libramiento de cheques sin provisión de fondos en régimen de reiteración real.
En este contexto, a comienzos del mes, se activó por primera vez en la jornada de este miércoles 6 de agosto una alerta plateada de Interpol con el objetivo de localizar bienes, cuentas bancarias, activos virtuales, sociedades y otros recursos económicos en el extranjero vinculados al empresario Jairo Larrarte y a personas físicas o jurídicas relacionadas con él.
Esta herramienta, utilizada por países miembros de Interpol, permite que diferentes naciones vinculadas a Interpol informen a Uruguay de manera más ágil que con un exhorto judicial, según supo Montevideo Portal.