Los siniestros de tránsito son de esos temas que año a año vuelven a estar sobre la mesa, sobre todo en épocas de verano, cuando la llegada de turistas provoca mayor movimiento en las carreteras uruguayas. La forma en que se penalizan las imprudencias, la medida de la pena, es un asunto que la Fiscalía General de la Nación tiene en la mira y pretende resolver próximamente.

En 2022 fallecieron 230 personas en accidentes de tránsito, mientras que en 2021 habían sido 204. El tipo de siniestro que generó más muertes el año pasado fue la colisión de vehículos, con 227 muertos, según datos del Informe de Siniestralidad Vial presentado por la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev).

Una vez que se produce un fallecimiento por un siniestro fatal, Fiscalía abre una causa en la que investiga las condiciones en que se produjo hasta definir responsabilidades penales de los participantes. En líneas generales, suele haber dos tipos de delitos que pueden configurarse por estos hechos: homicidio culposo y homicidio con dolo eventual. En el primer caso, de acuerdo al artículo 314 del Código Penal, será penado cuando “de la culpa resulte la muerte de varias personas o la muerte de una y la lesión de varias”.

La culpa, en el derecho penal, es la acción delictiva que se comete sin el debido cuidado para evitar el daño, pero sin intencionalidad por parte del sujeto activo. O sea, se considera que quien condujo el vehículo que provocó el siniestro fatal no tuvo la intención de matar a la persona que falleció en el evento.

El homicidio culpable o culposo es castigado con seis meses de prisión a ocho años de penitenciaría.

A modo de ejemplo, la semana próxima la Fiscalía prevé imputar a Nicolás Rocca —el conductor que protagonizó un accidente en Manantiales en enero por el que fallecieron dos mujeres argentinas— por homicidio culposo. El Ministerio Público entiende que no quiso matar a las dos mujeres que viajaban en el otro vehículo, aunque sí actuó con imprudencia porque había consumido drogas antes de manejar.

Dolo eventual

El homicidio con dolo eventual es un delito que se comete bajo dos premisas: la persona tiene conocimiento sobre aquello que está realizando y se comporta de manera totalmente voluntaria. Quien comete este delito es totalmente consciente de que algo malo va a suceder, luego de que haga determinada acción.

Existe dolo eventual cuando el sujeto, conociendo la probabilidad de producción de los elementos de otro tipo delictivo —distintos de aquel que pretende cometer—, pese a ello actúa, asumiéndolos junto a la consecución del fin propuesto. La pena prevista en el Código Penal es mayor a la del homicidio culposo.

A modo de ejemplo, el conductor del vehículo que provocó la muerte de dos jóvenes minuanos, Franco García y Joaquín Votolini, fue imputado por dolo eventual el pasado 22 de noviembre de 2019. Ambos vehículos estaban corriendo una picada clandestina y el imputado decidió rozar el auto de su competidor, lo que provocó que se saliera de la ruta y terminara con la muerte de ambos jóvenes.

Para algunos defensores es necesario aunar criterios en cuanto al delito por el que se formaliza a los conductores que protagonizan accidentes fatales. El hecho de tomar alcohol es una acción que siempre trae consecuencias negativas, por lo que en todos los casos debería configurar el dolo, según determinadas posturas.

Sin embargo, hay quienes indican lo contrario. El fiscal de Corte, Juan Gómez, comentó a Montevideo Portal que buena cantidad de abogados le han manifestado su descontento porque argumentan que —si bien es una falta conducir con determinado nivel de alcohol en sangre— nadie “sale a matar gente por hacerlo”.

Un proyecto que busca solucionar

El pasado 1º de febrero, Gómez anunció que estaban pensando en crear una nueva fiscalía que se encargue de investigar todos los accidentes fatales en la capital del país. Esto busca, entre otras cosas, unificar pareceres en cuanto a los delitos que se intentan probar.

El fiscal de Corte aclaró que hasta ahora es un proyecto, pero esperan que se pueda concretar en la próxima Rendición de Cuentas. La iniciativa será clave, en palabras de Gómez, para canalizar estas causas.

Las trabas son los recursos, dado que el dinero de Fiscalía no es suficiente para todas las responsabilidades que debe asumir. El desafío para Gómez es pensar de qué manera se puede implementar, para que sea eficiente financieramente y que no recaigan todos los casos en un solo equipo fiscal.