Fiscales alertan falta de seguridad en sedes, con “particular preocupación” en Homicidios

La Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay expresó este viernes su "profunda preocupación" por las condiciones de seguridad en algunas sedes de la Fiscalía General de la Nación y cuestionó que existan distintos criterios de protección para fiscales y defensores públicos.

El pronunciamiento surge luego de que, a pedido de la Suprema Corte de Justicia, los defensores públicos fueran trasladados provisoriamente a la sede de Cerrito 449 debido a que el edificio de 25 de Mayo "no reúne los estándares mínimos de seguridad" para el desempeño de sus funciones. Sin embargo, la asociación advirtió que esa misma sede continúa siendo utilizada por fiscales y otros funcionarios de la Fiscalía, según un documento al que accedió Montevideo Portal.

En el texto, la gremial manifestó una "particular preocupación" por la situación de la Fiscalía de Homicidios, que había sido trasladada anteriormente desde Cerrito 449 precisamente por razones de seguridad.

En ese contexto, informó que los fiscales de Homicidios resolvieron que "no realizarán tareas en una sede que no ofrece condiciones adecuadas de seguridad".

Como medida transitoria, las carpetas investigativas permanecerán en la sede de 25 de Mayo y las entrevistas con personas imputadas se realizarán en la Oficina Penal Centralizada.

La Asociación sostuvo que la situación "trasciende un conflicto funcional" y advirtió que existe una "enorme preocupación" por la continuidad de los procesos penales, la adecuada prestación del servicio de justicia y la seguridad de todos los operadores del sistema.

Asimismo, afirmó que "no resulta admisible que existan criterios diferentes de protección según el organismo al que pertenezca el funcionario" y reclamó que, si una sede carece de condiciones mínimas de seguridad para una función esencial del sistema de justicia, el problema sea abordado "con carácter urgente" mediante soluciones integrales.

Finalmente, la gremial exhortó a las autoridades competentes a adoptar "con la mayor celeridad" las medidas necesarias para garantizar condiciones de trabajo seguras y asegurar la continuidad del servicio de justicia en beneficio de la ciudadanía.