Montevideo Portal
El fiscal Gilberto Rodríguez, quien está a cargo de la investigación por la denuncia de filtración de información sobre el Plan Nacional de Inteligencia, dijo a Montevideo Portal que la semana próxima tomará alguna medida para comenzar la investigación, luego de que en la tarde de este viernes estudie la denuncia junto a su equipo.
El documento cuya filtración se investiga fue presentado por el secretario de Inteligencia, Álvaro Garcé, en la Comisión de Control y Supervisión del Sistema Nacional de Inteligencia de Estado. En la sesión donde se dio vista al documento estuvieron: Graciela Bianchi, Gustavo Penadés, Álvaro Viviano, Daniel Caggiani, Micaela Melgar, Mariano Tucci, Diego Reyes y Luis Alberto Posse.
En este sentido, Rodríguez adelantó que hay varios movimientos que, desde el punto de vista jurídico, no descarta. Uno de ellos es solicitar la pericia de los teléfonos de todos los legisladores que participaron de la sesión.
“Hasta ahora no hay ningún imputado, son todos testigos. Para llevar adelante la pericia, obviamente, ellos tendrían que aceptar”, agregó a Montevideo Portal.
El pasado jueves, la vicepresidenta Beatriz Argimón manifestó la voluntad del Parlamento en colaborar con la Fiscalía para esclarecer el caso lo antes posible. Bajo ese precepto, Rodríguez entiende que no habrá inconvenientes en que los diputados y senadores brinden sus teléfonos.
Es más, el diputado del Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI) César Vega propuso que todos los integrantes de la Comisión pongan sus teléfonos a disposición la Justicia.
En caso de llevar esto a los hechos, se hará de forma escalonada para no dejar “a esa cantidad de parlamentarios” sin sus celulares.
Por otro lado, el fiscal aclaró que no está previsto realizar algún tipo de medida contra el periodista Eduardo Preve, quien consiguió y divulgó la información en cuestión. Sin embargo, según la versión de Rodríguez, el comunicador manifestó la voluntad de declarar si es necesario.
“Es obvio que no va a revelar la fuente, porque jurídicamente está amparado. Lo que sí puede hacer es ayudar a acercarnos a quien filtró el documento”, explicó Rodríguez.
Una vez que el responsable ya esté señalado, el paso siguiente que deberá evaluar el fiscal es si solicita o no el desafuero. De igual forma, reparó en que es muy prematuro pensar en esta situación.
Por lo pronto, Rodríguez debe establecer dos cosas: si el documento efectivamente se filtró desde la Comisión y, si fue así, quién lo hizo.
“Esperamos la voluntad de los legisladores para aclarar el caso. Lo más conveniente sería que el responsable asuma, pero no parece que eso fuera a pasar por lo pronto”, indicó.
La senadora del Frente Amplio (FA) Liliam Kechichian puntualizó que la información se pudo haber filtrado desde otros organismos.
“Discrepamos en que los ojos estén puestos solo en el Parlamento, porque nosotros pensamos que este documento ha circulado y han tenido acceso también desde el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, Cancillería, el Ministerio de Economía y muchas de las agencias que coordinan con el director y el servicio de Inteligencia Estratégica del Estado”, consideró.
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