La fiscal Alejandra Domínguez, con jurisdicción en la ciudad de Rivera, lleva adelante el caso de la violación y feminicidio de Bárbara Prieto, crimen que esta semana conmocionó a todo el país.
Tal como informáramos, la joven de 24 años salió temprano en la mañana del martes rumbo a la institución donde estudiaba magisterio. En el camino fue emboscada por Anderson Isaías Sosa Escotto, de 20 años, quien la redujo y la arrastró hacia un terreno baldío cubierto de vegetación. Allí abusó sexualmente de ella y la mató con un arma blanca, no sin antes causarle múltiples heridas no mortales.
Esta mañana, Domínguez fue entrevistada en Informativo Sarandí e hizo referencia al proceso judicial en curso.
Consultada acerca de los eventuales descargos del reo, informó que este hizo uso de su derecho a no declarar y guardó silencio. “No aportó, no quiso participar”, dijo la funcionaria, quien agregó que por esa razón tampoco se llevó a cabo la reconstrucción del crimen, algo que también “iba a ser muy doloroso para la familia” de la víctima.
En cuanto al prontuario de Sosa, explicó que contaba con un único antecedente penal por hurto, cometido en el año 2022. Por tratarse entonces de un primario absoluto, se lo había condenado con pena en libertad a prueba. Desde entonces no había vuelto a delinquir, o al menos no que la Justicia supiera.
“Son cosas a las que a veces uno busca explicación y no la encuentra”, dijo acerca de esa enorme escalada desde un simple hurto hasta un crimen como el que cometió el martes pasado.
La fiscal también indicó que víctima y victimario no se conocían, que no hay denuncias de agresiones similares en la zona en los últimos tiempos y que Sosa no eligió a Prieto en particular, sino que se trató de un “ataque aleatorio”.
En cuanto al reciente traslado del imputado a un presidio fuera de Rivera, dijo que eso es “resorte exclusivo del Instituto Nacional de Rehabilitación” y que esas situaciones suelen comunicárselas “a los días”. “Sé lo que se dijo en la prensa”, contó.
Lo que vendrá
“Tengo tomada la decisión de acusar”, dijo Domínguez, quien irá por la pena máxima: 45 años.
“Voy a agilizar los informes del laboratorio biológico, porque se mandaron muchos indicios para analizar: ropa, exudados de la víctima y del acusado, autorizados por el juez. Eso es lo que me falta, y no bien los tenga voy a acusar”, dijo.
“La evidencia la tengo”, remarcó Domínguez. Interrogada sobre una eventual pericia psicológica al imputado, dijo que “no es de interés” de la Fiscalía en este caso, pero no descartó que la defensa sí la solicite.
En cuanto al agravante de sevicia (crueldad innecesaria en un homicidio), dijo que espera que el juez lo considere. “Al leer la autopsia es horrible la situación, imaginarse ciertas heridas; es un tema en el que no me gusta profundizar, por respeto a la familia”, manifestó.
Drogas
La funcionaria informó que las imágenes de las cámaras de vigilancia de la zona del crimen muestran que Sosa “estuvo toda la noche consumiendo drogas”, dado que entraba y salía de lugares “señalados como bocas de venta” de estupefacientes.
Sobre su situación familiar, dijo que se le conoce un hermano “que se presentó en la escena del crimen para reconocer un objeto” que pertenecía al imputado. Sin embargo, no estuvo luego en Fiscalía ni en el juzgado.