La multa de 120.000 euros impuesta al empresario finlandés Anders Wiklöf por exceso de velocidad en la región autónoma de Åland vuelve a situar en el centro del debate el modelo sancionatorio de Finlandia, basado en los ingresos del infractor. El caso, aunque llamativo por la cuantía, responde a un principio jurídico consolidado en los países nórdicos: que las sanciones económicas tengan un impacto equivalente para todos los ciudadanos, independientemente de su nivel de renta.

Wiklöf, uno de los hombres más ricos de Åland, fue sancionado por circular a 59 km/h en una zona urbana con límite de 30. La legislación finlandesa considera grave superar en más de 20 km/h la velocidad permitida, y establece un sistema de “días de multa” que ajusta el monto final a la capacidad económica del infractor. En este caso, la elevada cifra refleja sus ingresos declarados.

El empresario aceptó la sanción sin recurrirla, en una reacción que también ilustra la legitimidad social del sistema en Finlandia. Sin embargo, su historial —con cerca de 400.000 euros en multas acumuladas en poco más de una década— plantea interrogantes sobre la eficacia disuasoria del modelo cuando se trata de infractores de altos ingresos.

Un modelo basado en la equidad

El sistema de multas proporcionales no es exclusivo de Finlandia; también se aplica, con variaciones, en países como Suecia, Suiza y Dinamarca. Su objetivo es evitar que las sanciones económicas resulten irrelevantes para los más ricos o excesivamente gravosas para los sectores de menores ingresos.

Con información de EFE