Fernández Albín fue imputado por sus amenazas a directora del INR: qué dijo su defensa

La Justicia formalizó este lunes al narcotraficante Luis Fernando Fernández Albín por las amenazas que realizó contra la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Ana Juanche, y otras autoridades del organismo.

El Juzgado Penal de 44º Turno lo imputó por la presunta comisión de un delito de atentado agravado, a raíz de una carta que envió a los jerarcas penitenciarios en julio de este año.

La Fiscalía no solicitó una pena adicional, dado que Fernández Albín ya cumple una condena de diez años y tres meses de prisión por delitos vinculados al narcotráfico, lavado de activos, contrabando y tráfico de armas.

Por su parte, la defensa del narcotraficante apeló la formalización. Albín negó los hechos y sostuvo que se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico, además de estar afectado por las condiciones de reclusión a las que está sometido.

Entre los cuestionamientos de sus abogados, figura la imposibilidad de recibir visitas conyugales de su esposa, Katherine Quilimas, quien también está privada de libertad por delitos de lavado de activos.

En ese sentido, la defensa consideró que la medida es excesiva y argumentó que incluso personas condenadas por abuso sexual de menores tienen acceso a ese tipo de encuentros.

El episodio que derivó en la imputación ocurrió el pasado 10 de julio, cuando Fernández Albín fue sancionado por enviar una carta escrita a mano en la que manifestó sentirse “orgulloso” de ser un delincuente y lanzó amenazas contra las autoridades del INR.

“Tengo tanto odio contra ustedes que las van a pagar y se va a encargar el Señor Todopoderoso, que todo lo ve. Todos pagamos nuestros pecados de una manera u otra”, expresó en la misiva.

En otro fragmento, el narcotraficante se dirigió directamente a Juanche: “Usted, señora directora, aproveche estos tres años que le quedan en su cargo. Cuando yo decida morir, matar y destruir, voy a quedar en la historia por un hecho muy triste”, escribió.

Tras conocerse las amenazas, el INR presentó una denuncia penal y aplicó una sanción administrativa calificada como “gravísima”. Fernández Albín fue trasladado desde la cárcel de Punta de Rieles hacia el Penal de Libertad, donde quedó sometido a un régimen extraordinario de máxima seguridad.

Una semana después, el 16 de julio, el narcotraficante intentó quitarse la vida en prisión. Su defensa atribuyó el episodio a las condiciones de reclusión.

En agosto, la Justicia autorizó una visita conyugal entre Albín y su esposa, aunque el INR apeló la resolución por entender que podía comprometer las medidas de seguridad.

El organismo manifestó entonces su preocupación ante la posibilidad de que ambos intercambiaran información sin supervisión, en el marco de un régimen diseñado para impedir que los reclusos de alto riesgo continúen coordinando actividades delictivas desde la cárcel.

Fernández Albín, conocido como el Flaco, fue condenado el pasado 30 de abril mediante un acuerdo abreviado con la Fiscalía Especializada en Estupefacientes de 1º Turno.

Según investigaciones del Ministerio del Interior, el narcotraficante era considerado un “brazo ejecutor” de la organización criminal de Sebastián Marset en Uruguay.