El colectivo Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos se reunió en la tarde de este lunes con el presidente de la República, Yamandú Orsi, en Torre Ejecutiva para trasladarle una serie de planteos vinculados a la búsqueda de verdad y justicia, así como una denuncia concreta sobre la actuación de un consulado uruguayo en el exterior.

Tras el encuentro, el integrante del colectivo Ignacio Errandonea señaló que la organización volvió a reclamar que el Poder Ejecutivo ordene a las Fuerzas Armadas entregar información sobre los detenidos desaparecidos. En ese sentido, indicó que el gobierno está evaluando esa posibilidad, aunque “sin un compromiso concreto”.

En rueda de prensa, el referente también apuntó a las dificultades que persisten en el acceso a archivos militares y en el avance de las investigaciones. Según sostuvo, existen trabas que enlentecen el proceso de búsqueda, un reclamo que el colectivo mantiene desde hace años.

En paralelo, el colectivo trasladó al presidente una denuncia específica en la reunión: que Roberto Freddy Amorín, un militar retirado requerido por la Justicia y actualmente prófugo, habría gestionado una “fe de vida” en el consulado uruguayo en Miami sin que se notificara a Interpol.

Este trámite es un documento que acredita que una persona está viva en la fecha de su emisión y que se utiliza para seguir cobrando una jubilación o pensión. 

“No puede suceder que los prófugos de la Justicia, como son militares retirados y que, en general, tienen buen grado —ergo, tienen muy buena jubilación—, vivan en el exterior y todos nosotros les pagamos la jubilación para que se mantengan prófugos. Eso me parece bastante injusto”, señaló Errandonea.

En esa línea, el referente de Familiares señaló que “hay una complicidad” para que el efectivo retirado continúe prófugo, ya que la orden que tienen los funcionarios de los consulados era “llamar inmediatamente a Interpol, y eso no se hizo”. A su vez, señaló que Orsi se comprometió a trasladar la situación al canciller Mario Lubetkin para que se inicie una investigación.

Según recoge la web Sitios de Memoria, la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad solicitó en 2019 el procesamiento de Amorín y otros ocho militares retirados, que fueron denunciados por ex presos políticos por torturas en el Comando General de la Fuerza Aérea entre 1972 y 1977.