Familia de Valentina Cancela pide revisión de condiciones en las que estudia el femicida
Aseguran que el asesino ha tenido instancias presenciales en una universidad y que existe una “sensación de inseguridad”.
08.09.2026 07:16
La defensa de la familia de Valentina Cancela solicitó a la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (FCEA) que Santino Gandini pueda rendir sus exámenes de forma virtual en caso de que el centro universitario no cuente con las condiciones de seguridad necesarias para su asistencia presencial.
Cancela fue asesinada en Punta del Este en 2023 y Gandini fue condenado por el femicidio. En aquel entonces ambos tenían 17 años.
Tal como se informara entonces, los dos jóvenes concurrieron juntos a una playa, donde se produjo el asesinato. Posteriormente, Gandini intercambió mensajes con las amistades de Valentina, que buscaban desesperadamente dar con su paradero. En esos chats, el criminal preguntó si la víctima ya había aparecido e incluso se ofreció a participar de las búsquedas.
Actualmente, permanece recluido en un centro del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) y cursa estudios en la FCEA.
El planteo de la familia surgió a partir de la preocupación generada en la Universidad de la República tras el intento de femicidio ocurrido en la Facultad de Medicina.
El abogado de la familia, Ignacio Barlocci, explicó que Gandini cuenta con autorización judicial para concurrir a la facultad y rendir determinadas pruebas. Además, señaló que la familia tiene información de que el condenado ya asistió presencialmente a la FCEA para cursar y rendir exámenes durante el año pasado, mientras que actualmente realiza sus estudios a distancia debido a que se encuentra alojado en un centro del Inisa en el Interior.
Para Barlocci, el aspecto central del planteo es determinar si existen condiciones de seguridad adecuadas dentro del centro universitario.
“Santino Gandini no va a los parciales con un policía atrás, sino que va con funcionarios del Inisa que no tienen la función de ser un contén de seguridad. Entonces, la FCEA tiene que ver si están las condiciones de seguridad para que él esté presencialmente en un examen. La facultad tiene porteros, que no tienen funciones de seguridad frente a un femicida, como tampoco la tienen los educadores del Inisa. Entonces, lo que tiene que hacer la FCEA es estudiar las condiciones de seguridad. Y si estas no están dadas para que Santino Gandini esté en un salón con otras 100 personas, que haga los exámenes de manera virtual”, explicó en declaraciones al periódico El País.
El abogado aclaró que la familia no cuestiona el derecho de Gandini a continuar sus estudios.
“Nosotros comprendemos la necesidad de resocialización y no discutimos que él tiene derecho a estudiar. Pero se tiene que saber que ya concurrió de forma presencial a la FCEA. Más allá de que él tenga el derecho a que no se lo estigmatice, la sociedad tiene derecho a saber que esto está pasando y que debe tener alguna medida de seguridad”, agregó.
Barlocci también indicó que la familia de Cancela reside en Montevideo y que la presencia de Gandini en la capital genera preocupación entre sus integrantes.
“La familia de Cancela vive en Montevideo, y saber que el femicida está en la capital les ‘genera sensación de inseguridad’”, expresó.
El abogado recordó además que Gandini ejerció “violencia gestual” hacia la Fiscalía durante una audiencia vinculada al crimen.
Por otra parte, la defensa de la familia de Cancela impulsa una demanda civil por daños y perjuicios contra la familia de Gandini. En caso de que la demanda prospere y la contraparte no cumpla con el pago del resarcimiento, se solicitará un embargo. La primera audiencia del proceso se realizó en febrero de este año.
Según Barlocci, pocos días antes de esa audiencia Gandini fue trasladado desde un centro del Inisa ubicado en Montevideo hacia otro en el Interior.
Además, el abogado gestiona ante el Poder Judicial la posibilidad de que alguna sala de sus oficinas sea denominada en honor a Valentina Cancela, como forma de reconocimiento por las “fallas” que, según sostiene, tuvo la Justicia durante el caso.
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