Facultad se expresó tras la polémica sobre el femicida de Valentina Cancela: ¿qué señalan?

La Facultad de Ciencias Económicas y Administración (FCEA) de la Universidad de la República se expresó en las últimas horas ante los reclamos de integrantes de su comunidad por la situación de Santino Gandini, el joven que en 2023 asesinó a Valentina Cancela en Punta del Este y que cumple condena en el Inisa mientras estudia una carrera en esa facultad.

Aunque sin nombrar específicamente a Gandini, el centro de estudios emitió un comunicado, firmado por la decana Danny Freira, en el que reconoce que no pueden impedir que los estudiantes accedan a instancias académicas. “Si eso significa permitir que una persona privada de libertad ingrese a una prueba acompañada por quien la ley dispone, así lo hacemos”, sostuvo, y aclaró que los asuntos vinculados a procesos penales y sus modalidades de cumplimiento son competencia exclusiva del Poder Judicial.

“Somos conscientes de que esta situación puede generar incomodidad, miedo e inseguridad en otras personas de nuestra comunidad, y eso no lo minimizamos. Es precisamente por eso que contamos con mecanismos institucionales para acompañar a quienes se sientan afectadas”, agrega.

La polémica se desató esta semana cuando en redes sociales comenzó a circular un listado que indicaba la asistencia de Gandini a una prueba en la FCEA, junto con versiones que señalaban que concurría de forma presencial e incluso que ya había recuperado la libertad. 

Sin embargo, fuentes del Inisa confirmaron a Montevideo Portal este jueves que el joven continúa cumpliendo su condena en un centro de reclusión y que estudia de manera remota, sin concurrir a las instalaciones de la universidad.

Ante las consultas de su comunidad, la facultad también aclaró que no puede hacer pública información sobre la trayectoria académica de ningún estudiante, en cumplimiento de la normativa de protección de datos personales. “Esta reserva no opera como un mecanismo de protección hacia quien ha causado daño, sino como una garantía que la normativa establece para todas las personas de la comunidad universitaria”, señaló el comunicado.

Al mismo tiempo, la FCEA reafirmó el derecho a la educación de las personas privadas de libertad y señaló que ese principio no se contrapone con su responsabilidad de garantizar condiciones de seguridad y convivencia para toda su comunidad. 

La institución informó que trabaja de forma articulada con Cavida—su Comisión de Actuación ante Violencia, Inequidad, Discriminación y Acoso—, la Unidad de Apoyo a la Enseñanza y el área jurídica de la Universidad, y que analiza “qué medidas adicionales están dentro de nuestras competencias para dar respuesta a esta situación concreta”.

“Reiteramos nuestro más firme rechazo a cualquier forma de hostigamiento, exposición pública, señalamiento o estigmatización, tanto respecto de quienes han planteado esta inquietud de buena fe como de cualquier otra persona integrante de la comunidad universitaria. Sabemos que situaciones como esta generan inquietudes, preguntas y distintas sensibilidades dentro de nuestra comunidad”, finaliza.