Montevideo Portal
En vísperas de la interpelación al ministro Luis Alberto Heber, que asumirá como el principal de la cartera de Transporte y Obras Pública especialmente para la ocasión el 18 de agosto), la bancada de senadores del Frente Amplio sumó este miércoles un nuevo capítulo crítico al acuerdo que celebró el gobierno con la empresa Katoen Natie.
El senador Charles Carrera recordó una sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) del 24 de julio de 2008, "que constituye una prueba más que importante, de que el acuerdo realizado con la empresa Katoen Natie es ilegítimo".
El legislador apuntó que existe una sentencia ya de ese órgano jurisdiccional en el que se estableció que "el marco normativo que rige la prestación de servicios portuarios, indica como principio de guía, la prestación en régimen de libre concurrencia" o competencia.
Carrera entiende que en la disputa que hubo entre el gobierno uruguayo y Katoen Natie, en el que la empresa argumentaba que ganó una concesión en Uruguay que le daba la exclusividad en el manejo de contenedores y en la instalación de grúas pórticos, ya fue denegado por el TCA.
Sentencia del TCA del año 2008 confirma posición contraria a un acuerdo inconstitucional, ilegal e inconveniente celebrado por el gobierno con la empresa Katoen Natie y confirma inexistencia de argumentos jurídicos en su amenaza de juicio contra el Estado uruguayo. (abro hilo) pic.twitter.com/dDdQDsM7L8
— Charles Carrera Leal (@ChCarreraLeal) August 11, 2021
La empresa belga y Terminal Cuenca del Plata (TCP) había solicitado la nulidad de una licitación pública realizada en el gobierno de Jorge Batlle en 2003 para otorgar la explotación integral de una Terminal Polivalente en régimen de concesión en el puerto de Montevideo, pero la demanda fue desestimada en 2008.
"Esto confirma, lo señalado en varias oportunidades, respecto a que no existe ningún fundamento jurídico real que justifique el acuerdo alcanzado y aprobado, del que se deriva un nuevo contrato de concesión por 50 años", sostuvo Carrera, que considera la empresa no tenía fundamentos jurídicos para demandar al Estado uruguayo por US$ 1.500 millones.
Carrera dijo que esta sentencia ratificó que la concesión ganada por Katoen Natie en el país no le da la exclusividad ni preferencia para el manejo de contenedores y grúas porticas en el puerto de Montevideo.
En la resolución de 2008, a la que tuvo acceso Montevideo Portal, el TCA señaló que el proceso de licitación se hizo "en el marco de la Planificación del Desarrollo de la Infraestructura del Puerto de Montevideo con independencia de los actores privados involucrados y con arreglo a las previsiones del Plan Maestro del Puerto de Montevideo".
"El llamado a licitación integra el marco legal que rige la actuación de la Administración, manteniendo latente entre otros el principio de libre competencia expresamente establecido en la ley 16.246, así como los mecanismos por medio de los cuales otros operadores pueden actuar en otros muelles del puerto; lo cual no afecta a las impugnantes. Señala que no existe ninguna norma que consagre un derecho exclusivo para el titular de la concesión de la Terminal de Contenedores del Puerto de Montevideo; habiéndose realizado la misma en el marco de la Planificación del Desarrollo de la Infraestructura del Puerto", indicó la sentencia.
Además, se manifiesta que existió un error de parte de Katoen Natie, al sostener que el propósito de la licitación de 2003 fue para satisfacer "la pretensión de Montecon SA, ya que el sentido de la licitación fue dar curso a una planificación que desde tiempo atrás estaba formulada".
"La ANP no incurrió en acto administrativo ilícito alguno, sino que usó los medios legales consagrados por la ley, con la debida aprobación del Poder Ejecutivo, no existiendo lesión de derechos e interés alguno, ya que de haberse configurado alguno de estos extremos, los mismos fueron subsanados con la prórroga concedida por el Poder Ejecutivo, a efectos de la revisión del Pliego de Condiciones", se indicó.
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