Expresidente del Fondo de Vivienda declaró que transfería dinero por “orden política”

La causa que investiga desvíos de dinero del Fondo de Vivienda Social de la Construcción (Fosvoc) tuvo una instancia “informativa” en la jornada de este miércoles, en la que el fiscal Gilberto Rodríguez citó a 12 personas que están siendo investigadas por estos hechos a una audiencia.

Hasta el momento, hay tres exdirigentes condenados por la Justicia: Bruno Bertolio, Santiago Bernaola y Víctor Rivero. Por el momento, el magistrado tiene pensado solicitar una imputación más: la de Stella Rey, funcionaria del fondo que estaba autorizada al manejo de la cuenta bancaria y que fue despedida en enero.

Según publicó este jueves el semanario Búsqueda, Bertolio, quien se desempeñó como presidente del Fondo de Vivienda en representación del Sunca hasta comienzos de año, dijo que las salidas de dinero permanentes de su cuenta bancaria se debían a una “orden política”.

El exdirigente del Sunca responsabilizó a la secretaria de Finanzas del gremio y del Partido Comunista, Laura Alberti, de darle las órdenes. Bertolio, además de ser presidente del Fosvoc, era el secretario de Finanzas de la departamental de Montevideo del Sunca.

Más allá de la realización de transferencias, el condenado dijo que el dinero se movía, más que nada, en efectivo. “El sindicato maneja plata en mano; nunca hay transferencia ni para ellos ni para otros. Es todo: ‘llevá para acá, manejá para allá, mové para acá, acá para allá’”, declaró en Fiscalía.

A su vez, sostuvo durante su relato que alquilaba un vehículo a su nombre que se utilizaba en actividades de militancia durante la campaña electoral de las elecciones nacionales, que pagaba el combustible y le entregaba dinero en efectivo a otros dirigentes.

En relación a este último aspecto, Bertolio declaró que, desde hace dos o tres años, desde el gremio se tenía como “objetivo” la “cobertura sobre todo lo que tenía que ver con campañas políticas”.

El fiscal Rodríguez explicó que “va a haber un impasse” en la investigación, producto de la feria judicial —que va del 1º al 15 de julio— y de que el Ministerio Público “tiene otras actuaciones judiciales a las que tiene que abocarse”. Una vez pase este receso, las defensas podrán tener acceso a la carpeta fiscal, indicó en rueda de prensa.