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El expresidente peruano Pedro Castillo, quien estuvo al mando desde 2021 hasta 2022, fue condenado este jueves a 11 años, 5 meses y 15 días de cárcel, por el delito de conspiración para una rebelión, que se dio tras el fallido intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
La Justicia peruana determinó que el exmandatario no llegó a consumar el delito de rebelión, ya que sus acciones no pudieron concretarse. Por este motivo, la Fiscalía ajustó durante el proceso su solicitud inicial de 34 años de prisión.
El día del intento de golpe, Castillo emitió un mensaje televisado en el que anunció la disolución temporal del Parlamento, la intervención del Poder Judicial y la instalación de un gobierno mediante decretos. Castillo buscaba adelantarse a una nueva moción de destitución por diversas denuncias de corrupción que lo comprometían directamente impulsada por la oposición, que tenía mayoría.
Sin embargo, su declaración no tuvo efecto. Minutos después, Castillo fue detenido tras abandonar el Palacio de Gobierno y dirigirse —según la acusación— hacia la Embajada de México. Su familia sí consiguió asilo, mientras que él fue destituido por el Congreso y enviado a prisión, donde permanece desde entonces.
Además de la pena de prisión, el tribunal impuso a Castillo dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y el pago solidario de una indemnización de 12 millones de soles —unos 3,5 millones de dólares— junto a sus familiares. Además, fue absuelto de los delitos de abuso de autoridad y grave perturbación del orden público.
La misma condena cayó sobre la ex primera ministra Betssy Chávez, actualmente asilada en la Embajada de México en Lima. La justicia ordenó una nueva búsqueda y captura en su contra. Igual pena recibió el exministro del Interior Willy Huerta, aunque su sentencia quedó suspendida en caso de que apele y cumpla determinadas medidas de conducta.
En tanto, el exjefe del gabinete y asesor principal de Castillo, Aníbal Torres, fue condenado a seis años y ocho meses, pero el tribunal resolvió no ejecutar la pena por razones humanitarias, debido a su edad —82 años—.
Por otro lado, los exjefes policiales Manuel Lozada y Justo Venero fueron absueltos.
Con información de EFE
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