El exmédico del ejército uruguayo Carlos Suzacq Fiser, se opuso en la Audiencia Nacional española a ser extraditado a Uruguay, donde se lo reclama por supuestas torturas cometidas durante la dictadura en 1974 y 1975, alegando que los delitos ya han prescrito.
El fiscal informó a favor de la entrega del acusado para que sea juzgado en nuestro país como presunto autor de los delitos de lesiones y detención ilegal, al estimar que, aunque habrían prescrito en el ordenamiento jurídico español, no lo han hecho todavía en el uruguayo.
En su informe, el ministerio público relata que el reclamado era el médico del Regimiento de Caballería Mecanizado número 6 del Ejército y como tal, asesoró "a los interrogadores del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubersivas (OCOA) para, con coerción física, obtener testimonios de los detenidos".
Y con "las confesiones obtenidas mediante el uso de la violencia se obtuvieron condenas de los interrogados y de terceras personas", agrega.
"Hechos que se encuadran en la operación contra el Partido Comunista Revolucionario (PCR) desarrollada entre los años 1972 y 1975", concluye.
El fiscal aporta el testimonio de nueve víctimas, entre ellas AMMN, que "manifestó que cuando estaba detenida en el Regimiento número 6 estuvo siempre encapuchada y que el doctor Carlos S.F. fue el médico que le dijo que no estaba embarazada pese que lo estaba".
Entre otras torturas, declara que "le aplicaron 'la picana', instrumento que da descargas eléctricas.
Además, afirma que la amenazaron con quemarla con ácido o fusilarla, un testimonio similar al de otras víctimas.
Sin embargo, para la abogada defensora, el tratado de extradición entre España y Uruguay impide entregarle si los delitos han prescrito en la legislación española, como es el caso, al haber transcurrido más de veinte años desde su comisión.
Además, estima que los hechos no pueden ser considerados como delito de lesa humanidad, por el que también es reclamado por Uruguay, ya que no estaba aún tipificado en el Código Penal español en el momento en que se produjeron. España introdujo este delito en su legislación en 2004.
La letrada alegó asimismo que Carlos S.F. es español desde 1978 y que además renunció a la nacionalidad uruguaya. Recordó que es residente en España, al igual que su mujer, sus hijos y sus nietos, y tiene acreditada su labor como médico.
Con información de EFE